Cato Institute, un centro de estudios vinculado con el multimillonario industrial Charles Koch, señaló que la administración de gobierno de Puerto Rico ha “tallado” las mismas estrategias de la pasada administración para no pagar la deuda e irse en mayo al Titulo III, de quiebra, bajo la ley Promesa.
Las estrategias para rrse a quiebra, según el análisis de Ike Brannon Share publicado en la página web (Cato at Liberty) de Cato Institute, estarían en violación de la ley federal Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Promesa), que obliga a establecer negociaciones de buena fe, previo a cualquier gestión de quiebra dispuesto en la legislación después de mayo de este año.
Para el analista, no hay ni existió la buena fe, pues el gobierno retuvo los servicios del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, a un costo de 1.6 millones de dólares hasta junio. Este habría sido “el arquitecto” de la administración del exgobernador Alejandro García para irse en default, una estrategia que el bufete ya había aplicado en el caso de Argentina, durante la presencia de Crstina Kirchner.
“La decisión de la administración (de Ricardo) Rosselló de retener los servicios de Cleary es otro golpe a su credibilidad y un signo que poco cambiará cuando vengan las negociaciones con los acreedores”.
En el comentario se había establecido que “la declaración de victoria” bipartidista en el Congreso al aprobar la medida que debió encarrilar las finanzas públicas de Puerto Rico “comienza a parecer prematura”, particularmente casi 9 meses después de su inicio. De todos modos, agregó, “es claro que el gobierno de la isla se encamina en la dirección equivocada” debido a que no se adhirió “a los principios de la ley” Promesa.
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El análisis de Cato Institute parece privilegiar la negociación de ciertos sectores de acreedores que hubiesen podido salir mejor beneficiados en negociaciones directas con el gobierno y no a través de la quiebra. El comentario del analista recalca que Promesa debió ser un intento para facilitar esas negociaciones con los distintos grupos de bonistas, hasta su día fatal que se cumple en mayo. Desde entonces se acude a la litigación bajo el Título III.
En el análisis se afirma que dichas negociaciones no han ocurrido. El gobierno, sin embargo, ha sostenido que hay algunas corriendo. No obstante, solo se conoce públicamente, porque así se ha afirmado, que el gobierno quiere renegociar los términos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“En este momento no hay negociaciones serias con los acreedores”, informa el columnista. El Congresos claramente planeó para Puerto Rico negociar con los acreedores en buena fe bajo el Título IV, pero esto no ha ocurrido, de hecho, el Estado Libre Asociado solicitó al Congreso que extendiera el aplazamiento de las litigaciones aun cuando Puerto Rico no ha iniciado siquiera el comienzo de las negociaciones”.
Se indicó que si se ha sido infructuoso es porque el gobierno busca que se aplique la quiebra.
A juicio del comentarista, que incluye en su crítica a la junta de supervisión fiscal, el plan fiscal sometido por el gobierno viola el orden legal para pagar la deuda, contrario a lo solicitado en el acta federal.
Más lejos aun, no hace reformas sustanciales a los insolventes planes de pensiones y apenas destina alrededor de $800 millones anuales a la deuda mientras destina el restante 94% del presupuesto, protegido bajo la sombrilla de “servicios esenciales”, para otros gastos, haciendo casi imposible una reforma que permita aumentar el pago de la deuda.
Se insiste igualmente no solo en la violación de no haber pagado la deuda de las Obligaciones Generales, sino que hubo una falsa representación, pues supuestamente el gobierno inicialmente anunció que los $150 millones (del “clawback”) pararían en un fondo para cumplir con esos pagos, y luego el gobierno se retractó.
“Esta realidad infortunada es el resultado directo de la falta de lealtad a la ley Promesa”, opinó el analista, quien cree que la pasada y la presente administración “han dañado la credibilidad (de la isla) en los mercados” (de capital).
Cato Institute es una entidad de investigación de política pública con sede en Washington, DC., fundada por Charles Koch en el 1974 bajo su nombre, y luego retitulada con el actual nombre en el 1977. I