El gobernador Ricardo Rosselló Nevares destacó que los puertorriqueños pagan sustancialmente más por energía eléctrica que los residentes en los Estados Unidos continentales.
Las declaraciones surgieron hoy miércoles durante una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y de los Nativos de Alaska del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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El primer ejecutivo dejó claro que el Acuerdo de Apoyo para la Restructuración (RSA, siglas en inglés), que fue negociado por la pasada administración, proporciona un marco útil para la discusión, pero requiere modificaciones a los términos establecidos.
“La reestructuración de la AEE debe incorporar un modelo de gobernanza que facilite la confianza de los inversores y los consumidores, y minimice la interferencia política”, destacó Rosselló Nevares.
El mandatario enumeró que entre las preocupaciones que tiene sobre el RSA están el impacto de la tasa de transición en los contribuyentes de Puerto Rico y el efecto que la transacción pueda tener sobre el capital y la liquidez disponible para que la AEE complete su transición operacional.
También se mostró preocupado por el fallo de ciertos grupos de acreedores en otorgar concesiones significativas, la realidad de que el RSA no proporciona suficiente capital para cerrar la transacción y que en las condiciones actuales el RSA no sería sostenible para los bonistas.
Asimismo, indicó que para aceptar los términos de cualquier reestructuración financiera hay que entender totalmente lo que proporciona a la AEE para mejorar sus operaciones, aumentar su confiabilidad, diversificar y acceder a nuevos capitales.
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“Nuestro análisis de las operaciones de la AEE y la interacción con el RSA está en curso y continuamos enfocándonos en las posibles modificaciones al RSA que reconocerían los intereses de los contribuyentes de las tasas de Puerto Rico, así como de los acreedores y otros constituyentes”, afimó el mandatario.
Sobre sus planes, se mostró comprometido “a continuar trabajando fuertemente hacia una reestructuración significativa para transformar la AEE en una instrumentalidad moderna que apoyará al pueblo de Puerto Rico y a una economía fuerte y creciente”.
Añadió que “hemos logrado lo que muchos pensaron que era imposible: un Plan Fiscal integral, bien pensado y que aborda las preocupaciones fiscales y económicas y el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Ahora nos enfocamos a hacer lo mismo con el RSA”.
Durante su alocución, Rosselló Nevares destacó además que el alto costo energético tiene impacto cuando se contextualiza en una economía cuyo ingreso promedio familiar es aproximadamente de 33% menor en comparación con una familia de los Estados Unidos.
“La isla necesita un sistema de energía eléctrica confiable, costoefectivo y eficiente, además de un programa eficiente de conservación y maximización de sus recursos de agua, con el fin de apoyar la transformación socioeconómica del país”, comentó el gobernador.
Rosselló Nevares especificó que los altos costos de energía eléctrica impactan de forma negativa tanto la habilidad de Puerto Rico para atraer capital como para competir en una economía global, lo que no es sostenible ni para los residentes ni para la economía de la isla.
Según la visión del primer ejecutivo, la AEE debe contar con un sistema de distribución y transmisión moderno con varios recursos de combustible -que incluyan los renovables y los auspiciados por capital privado- para invertir en una capacidad generadora nueva y eficiente.
Tras la firma del RSA, en diciembre de 2015 el Congreso pasó la ley Promesa -firmada por el presidente el 30 de junio de 2016- y que en su última cláusula dispone que “cualquier solución duradera para la crisis fiscal y económica de Puerto Rico debería incluir reformas fiscales permanentes y de crecimiento que incluyan, entre otros elementos, un flujo libre de capital”.
El gobernador recalcó que “una parte crítica de la eficacia de Promesa proviene de la creación y certificación de un plan fiscal. Después de mucho trabajo, colaboración e intercambios razonados, la certificación de nuestro plan fiscal el 13 de marzo por la Junta de Supervisión Fiscal representó un primer paso importante para avanzar con las negociaciones de buena fe entre Puerto Rico y sus acreedores”.
