El que se detenga el supuesto depósito ilegal y la ampliación del vertedero de Toa Baja es la denuncia que trascendió hoy martes por parte de la organización ciudadana “Puerto Rico Limpio” en una carta enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“La situación en el vertedero municipal de Toa Baja sirve para subrayar la naturaleza apremiante de este asunto. El depósito generalizado de residuos y la expansión ilegal del vertedero siguen en curso, exponiendo sus residentes a las emanaciones tóxicas, aguas contaminadas, y gases ilícitos que presentan un peligro inminente de explosión e incendio. Todo esto significa que la comunidad de Candelaria no es un lugar seguro y es inhabitable para los residentes”, declaró Hiram J. Torres Montalvo, cofundador del colectivo.
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La misiva también exige al Primer Mandatario que pida a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que otorgue los fondos necesarios para el cierre de todos los vertederos en la isla.
Relata también que para el 2007 la EPA determinó que el vertedero de Toa Baja representa “un peligro inminente y sustancial a la salud y al medio ambiente”, y que por tal razón, ordenó que el vertedero no recibiera desperdicios.
En el 2016 funcionarios públicos constataron las condiciones del vertedero que fueron en contra de las normas de la Junta de Control Ambiental de Puerto Rico y de la propia EPA, aseguraron. Añadieron que el 70 % de los vertederos de Puerto Rico están violando la ley federal, como se desprendió de resultados reportados por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Desarrollo Económico en Puerto Rico.
“Gobernador, usted tiene la oportunidad de cambiar todo esto. En su plataforma de campaña se comprometió a lograr que los puertorriqueños no sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Usted tiene el poder de cerrar este vertedero y la autoridad de pedir asistencia técnica y financiera inmediata a la EPA”, agregó Torres Montalvo.
“Como ciudadanos de los Estados Unidos, ningún puertorriqueño debería verse sometido y obligado a vivir en estas condiciones, sobre todo cuando la ley lo prohíbe expresamente. Los residentes de Candelaria, como en muchas de las comunidades afectadas, nos piden ayuda todos los días. Es hora de hacer respetar el estado de derecho y cerrar estos vertederos ilegales”, finiquitó.
