Cámara se propone regular tarifas de servicios funerarios

Con el propósito de evitar la imposición de altos costos en momentos en que se requiere enterramiento, exhumación o traslado de cadáveres.

Por Inter News Services

La Cámara de Representantes se propone regular las tarifas de los servicios funerarios en el país con el propósito de evitar la imposición de altos costos en momentos en que se requiere enterramiento, exhumación o traslado de cadáveres.

A esos fines, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros inició la evaluación del proyecto de la Cámara 847, con el propósito de enmendar la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico para facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), a regular las tarifas relacionadas con funerales.

La medida del representante José Banchs Alemán reconoce que a pesar de que la actual ley tiene la intención de velar por los legítimos intereses de las familias que requieren esos servicios, no ha tenido el resultado esperado debido a algunas prácticas en cementerios privados.

Con esta proyectada legislación se persigue facultar al DACO a regular las tarifas por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres, ya que en ocasiones la contratación de servicios privados no son horados y “están sujetos al capricho e interpretación de las cláusulas del contrato por parte de la propia entidad contratante”.

En la audiencia de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara, que preside Yashira Lebrón Rodríguez, se escuchó el testimonio de María Isabel Cruz Rivera, en representación de su familia, pues tras adquirir en 1979 un lote funeral otra compañía no honró lo pactado en el contrato al momento de sepultur a sus familiares.

Cruz Rivera narró que al momento de sepultar a su madre, en febrero pasado, “comienza la batalla y la manipulación arbitraria de la administración del cementerio Dignity” con el contrato que por 38 años mantuvo con Los Cipreses.

Dignity, a través del agente funerario Ferdinand Santiago Meléndez, alegó que “para poder sepultar a mi madre allí, había que hacer unos procesos de exhumación y cremación de uno de mis hermanos, enterrado hace cuatro años y mencionaron unos costos sumamente elevados”.

La deponente sostuvo que, contrario a lo estipulado, se tuvo que sellar la vida útil del lote con cinco personas, cuando el contrato establecía que era para seis cuerpos y pagar 1,495 dólares para que su madre fuera sepultada en otro lote.

Esto era contrario a los deseos de su progenitora, aparte de que no contaban con los fondos para exhumar y cremar a su hermano Rubén, para habilitar espacio para la difunta.

Ante esta situación, Cruz Rivera solicitó una investigación a la compañía Dignity por considerar que empleó un procedimiento arbitrario, el cual “nos tomó por sorpresa con los costos inesperados los cuales no se encontraban dispuestos en el contrato”.

“Con ello no hace otra cosa que lucrarse del dolor de la familia y obligar al cliente a incurrir en más gastos de los previstos”, narró emocionada la dama.

El secretario del DACO, Michael Pierluisi, condicionó el apoyo a la medida a que el poder de reglamentación tarifaria sea discrecional y no obligatorio.

Recomendó, representado por el licenciado Joel Monje, que la enmienda propuesta sea aplicada en otra de las partes de la ley, que es la que fiscaliza estos procedimientos, ya que el Artículo 8.10, solo reglamenta los procesos en los cementerios privados.

Sostuvo que el DACO se apresta a realizar una investigación sobre el ofrecimiento de servicios fúnebres en Puerto Rico con el objetivo de determinar si es necesario o no establecer un esquema tarifario específico por concepto de enterramiento, exhumación y traslado de cadáveres.

Mientras, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, sometió un memorial en el que apoya la medida, aunque otorga deferencia al DACO para expresarse sobre la medida, puesto que cuenta con la pericia.

“Ya llegó el momento para que DACO regule las tarifas, ya que Puerto Rico está lleno de envejecientes y es el momento de tener salvaguardado y protegida a esta población en lo que respecta a estos procedimientos”, manifestó la presidenta de la Comisión.

La representante Lebrón Rodríguez describió como necesaria la legislación para que no se produzcan situaciones como la narrada por la deponente.

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