Cuando Nismarie Rodríguez tomó la decisión de migrar de Puerto Rico a Orlando en busca de trabajo y mejores atenciones médicas para uno de sus hijos, no pensó que la mudanza a cargo de una compañía local se convertiría en su mayor dolor de cabeza.
Rodríguez se fue el 17 de enero —con una niña de cuatro años y un varón diagnosticado con autismo de casi dos— confiada en que antes de esa fecha su mudanza estaría en su nuevo destino.
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Así se lo había garantizado de forma muy “clara” y “amable” Alcides Algarín, dueño de Puerto Rico Packers, la compañía de mudanzas a la que ella le pagó $825 por el trabajo de llevarle el juego de cuarto de su hija, unas mesas de centro, una vajilla de 45 piezas y un juego de comedor que aún paga a una mueblería del patio.
“La mudanza debe estar allá el 10 de enero como tarde” fue la promesa de entrega de Algarín a Rodríguez, quien ignoraba que ese compromiso estaría posteriormente acompañado de excusas, como “la mudanza va de camino” o “la mudanza no ha llegado por el mal tiempo”.
Finalmente, “la mudanza llegó 45 días después y en pésimas condiciones”, denunció la joven madre a Metro, al tiempo que mostró fotografías del estado en que le llegaron sus pertenencias.
“Los trastes y los centros de mesa todos rotos. El juego de comedor que todavía sigo pagando a (mueblerías) Berríos desbaratado y todo rayado. Hasta los tornillos para armar el juego de cuarto de la nena los compraron acá porque los botaron. Un desastre”, dijo la madre de apenas 25 años.
Explicó que, aunque ha hecho las reclamaciones y tenía un seguro, el dueño de la empresa —quien no contestó llamadas de Metro—, se ha negado a responderle.
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“Lo último que me dijo cuando le dije que lo iba a denunciar fue ‘que hiciera lo que me saliera de los coj…”, dijo la exagente de la Policía municipal de Carolina.
Dado el dramático aumento de boricuas en Estados Unidos —89,000 en el 2015—, las quejas contra las compañías de mudanza son la orden del día.
Basta con hacer una búsqueda en redes sociales para conocer el malestar que tienen muchos boricuas que se han ido del país con este tipo de compañías. Su mayor descontento, según alegan, es que “incumplen con las fechas de entrega y no les cubren los daños de sus pertenencias, a pesar de que les compran un seguro”.
La Comisión de Servicio Público está al tanto de estas denuncias y asegura que las mantiene bajo lupa, por lo que está “digitalizando los procesos de radicación de querellas para atender las reclamaciones con mayor prontitud”.
Su presidente, Luis Cruz, dijo a Metro que desde el 2011 al 2017 la agencia ha recibido 234 querellas contra estos negocios, de los cuales hay 15 operando en el país.
Dijo que, contrario a la denuncia de la joven madre y de las que abundan en las redes sociales, “casi el 90 % de las querellas son de personas que se han mudado de Estados Unidos a Puerto Rico”.
Dijo que muchos de los que se han ido no radican querellas ante la comisión porque tienen que venir a las vistas.
No obstante, invitó a los afectados a radicar querellas ante la comisión ya que así “podemos investigar a las compañías y procurar la retribución de los daños y multarlas por mal servicio”.
