El Departamento de Hacienda enfrenta grandes retos con la industria del cannabis, entre ellos, lograr la fiscalización del dinero en efectivo y la captación de los impuestos que se generan de las ventas.
Según datos de Hacienda, desde junio de 2016, se han recaudado menos de $100 mil por concepto del impuesto sobre ventas y uso (IVU). Esta cifra, a juicio del secretario auxiliar de la agencia, Francisco Parés, “es poquísimo”. Basándose en sus cálculos, la industria pudiera generar unos $14 millones al Gobierno si unos 27,611 pacientes gastan $369 mensuales.
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“Vamos a delimitar un plan y lo vamos a proveer en 30 días para comenzar un programa de orientación a estos contribuyentes”, estableció Parés en su intervención en la vista pública del Senado sobre la medida que busca crear la ley del cannabis medicinal en la isla. Parés no descartó que por medio de programas tecnológicos sea eficaz la captación de los impuestos y la fiscalización de las ventas.
El otro reto que el Gobierno tendrá que auscultar es dónde y en qué condiciones los componentes de esta nueva industria depositan el dinero generado.
En el interrogatorio de los legisladores, el funcionario de Hacienda admitió que se desconoce dónde estos empresarios depositan el dinero.
Cabe destacar que el Gobierno federal considera la marihuana un producto ilegal. Es por esto que los bancos y cooperativas tienen que regirse por estrictos procedimientos, basados en memos de Justicia y del Tesoro federal, en caso de que acepten el dinero de la industria del cannabis medicinal. Además, por su ilegalidad es que los médicos no pueden recetar cannabis medicinal, sino recomendar su consumo. Por eso no tiene cobertura de ninguna aseguradora.
“Este medicamento tributaría y podría recaudar $14 mil millones”, aclaró el representante de Hacienda.
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No obstante, las proyecciones en la generación de dinero al fisco y de empleos son atractivas para el país. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DEC), Manuel Laboy, estimó que el posible impacto en “inversión de capital” alcanzaría los $200 millones, una nómina de entre $15 y $18 millones, y se generarían unos 500 empleos en los próximos tres años.
“Puerto Rico podría insertarse rápidamente en la industria como un competidor del más alto calibre, pues contamos con infraestructura, capital humano y las condiciones climatológicas ideales para la investigación, el desarrollo, la siembra, manufactura, distribución y venta de productos derivados del cannabis para propósitos medicinales”, expuso Laboy, al tiempo que ya empresas han ocupado espacios de edificios en desuso de Fomento Industrial. Laboy puntualizó que los empresarios de la industria del cannabis no buscan incentivos. “Es una industria emergente. Hay demanda y no hay necesidad de incentivarlo. Esas industrias pagan el rate (tarifa) que les toca”, indicó.
La representante y presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, señaló que el Proyecto del Senado 340 se “ampliará y mejorará”.
“No podemos tener por ahí dispensarios con dinero en efectivo que nosotros no podamos medir”, manifestó Charbonier, quien espera por las recomendaciones de Hacienda para monitorear el dinero procedente de la industria del cannabis medicinal. La representante cree que esta industria no es la “panacea” ante la crisis económica, pero que sí aportará al fisco.
Preocupa la dispensación del cannabis medicinal
En la vista pública sobre el proyecto de ley que crearía la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites, prevaleció la preocupación por la dispensación correcta del cannabis medicinal para los pacientes con enfermedades debilitantes.
El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, planteó que debe haber una rutina de seguimiento entre el paciente y el médico especialista.
“Tiene que haber monitoreo. No es dar cannabis y sigue por ahí”, expresó el titular de Salud.
El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, cuestionó la evidencia científica que demuestre que el cannabis es eficaz.
La representante María Milagros Charbonier dijo que debe haber más rigurosidad en el control de calidad del producto y las dosis.
Igualmente, Charbonier dijo que abogará por regular el precio de los productos derivados de la marihuana porque entiende que la alternativa medicinal “tiene que beneficiar a todos y no a los que puedan pagarla”.
