La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, se alista para posiblemente a finales de esta semana apelar ante un tribunal la veda electoral impuesta por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, de cara al plebiscito del 11 de junio.
“Ya yo me reuní con los abogados, le di el lineamiento que entiendo ellos tienen que buscar”, aseguró Burgos.
Dicha veda prohíbe a las agencias del Gobierno central y municipal, a la Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico toda compra con fondos públicos de tiempo y espacio en los medios de comunicación, lo que, según Burgos, “va a dilatar toda necesidad de comunicar al pueblo cosas urgentes, cosas que son requeridas algunas por ley. Se estaría atrasando toda la gestión pública”. Además, la comisionada señaló el gasto de fondos públicos en el que habría que incurrir al nombrar una Junta de Anuncios.
Burgos votó en contra de la Resolución CEE-RS-17-07 argumentando que el Art.12.001 de la Ley Electoral dispone que es “durante el año en que se celebre una elección general…”, por lo que “de forma errada” se interpretó la ley para aplicarla al plebiscito. El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha, votó a favor de la resolución.
Ante cuestionamientos sobre sugerencias de que el Gobierno —dominado por miembros del PNP— podría hacer campaña publicitaria a favor de la estadidad con fondos públicos, Burgos indicó que “un anuncio pidiendo el voto por la estadidad, por ejemplo, con fondos de la AAA, pues no es correcto, pero no tenemos por qué especular. […] Hay grupos que se van a dedicar a eso (campaña). Son ellos los que van a gastar fondos y son regulados y auditados”.
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Partidos y entidades se preparan para campaña
Según explicó Burgos, tres partidos políticos y tres entidades han sometido petición a la CEE para realizar campaña a favor o en contra de alguna de las opciones que aparecerán en la papeleta del plebiscito.
El primero en someter fue el PNP, que haría campaña a favor de la estadidad para Puerto Rico, mientras que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) —que también sometió todos los requerimientos— haría campaña por la independencia de la isla.
Además, sometieron sus solicitudes la Alianza Patria, que hará campaña por la libre asociación; la Alianza Pro Libre Asociación Soberana (ALAS), y el grupo Convergencia Nacional Boricua (CONABO).
El Partido Popular Democrático (PPD) fue el último en someter y no indicaron si estarían defendiendo una opción específica, sino que en su petición citan el inciso B de la sección 2 del artículo IX de la Ley 7 de 2017, que establece que “también deberá informar si su certificación tiene el propósito de solo oponerse a alguna de las alternativas de estatus político impresas en las papeletas de votación, promover la abstención electoral, alguna modalidad de expresión electoral u otra alternativa de estatus político”.