La Cámara de Representantes ordenó una investigación sobre el destino de los fondos públicos a ser utilizados para el Programa de Viajes Estudiantiles que lleva a cabo la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), durante los pasados dos años.
La Resolución de la Cámara 191, de la autoría del líder cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, ordena a las comisiones de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud y de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA”, descubrir el uso del $1 millón que fuera asignado en el 2014, para que el programa tuviera fondos recurrentes para la realización de los viajes de los estudiantes.
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Específicamente, se dispuso que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tenía que consignar los fondos asignados por esta ley y que los sobrantes serían asignados para el próximo año fiscal. Sin embargo, “se ha traído a la atención de la Cámara de Representantes que el Programa de Viajes Estudiantiles de la OAJ, no se encuentra en funciones desde hace dos años, por falta de fondos”.
En aras de auscultar está información, así como poner en vigor las pautas de la Ley de Viajes Estudiantiles sobre la asignación continua de fondos, se requiere esta investigación detallada del destino y uso de los fondos cuyo informe será entregado a los 180 días a partir de la aprobación de esta resolución.
De otro lado, se favoreció el Proyecto de la Cámara 9, en concurrencia, para crear la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer una política pública enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo, así como para erradicar el discriminen salarial existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo.
Esta medida de administración, tiene como objetivo ofrecer directrices más específicas que las actuales, en cuanto a la legislación que establece igual paga por igual trabajo, para atajar el discrimen salarial por razón de sexo.
En la exposición de motivos del proyecto, se afirma en la necesidad de esta Ley “ya que contiene un marco teórico y práctico dirigido a atajar el discrimen salarial por razón de sexo. Esta ley define claramente los contornos bajo los cuales se puede llevar a cabo una conducta de discrimen salarial por razón de sexo por parte de un patrono contra un empleado”.
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Con ese objetivo en mente, se adoptan los criterios establecidos en la ley federal “The Equal Pay Act” de 1963, también conocida como Equal Pay for Equal Work. En específico, se prohíbe el discrimen salarial por razón de sexo en trabajo comparable que requiera igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de trabajo similares.
A su vez, se establece que será una práctica ilegal que un patrono requiera, como condición de empleo o como condición de permanencia en el empleo, que un empleado o aspirante de empleo se abstenga de preguntar, discutir, o solicitar información acerca de su salario, o del salario de otro empleado que realice trabajo comparable.
Por otro lado, se avaló la Resolución de la Cámara 135, de los representantes Víctor Torres González y Juan O. Morales Rodríguez, para que se investigue los procedimientos realizados por el Departamento de Hacienda para emitir cientos de cheques encontrados en la bóveda de la agencia que no fueron enviados a los contribuyentes, suplidores o ciudadanos.
Con esta pesquisa se busca además fijar responsabilidades, si alguna, “por la nefasta y mal intencionada práctica en perjuicio de ciudadanos y suplidores del gobierno”.
Morales Rodríguez manifestó que los cheques totalizaban los $221 millones de reintegro y pago a suplidores, “nuestra investigación es buscar el o los responsables de esta situación que quedó al descubierto la razón por la que a miles de ciudadanos puertorriqueños y suplidores no les llega su pago. Entendemos que estos hechos no deben volver a pasar Puerto Rico, pero para eso tenemos que hacer una investigación, fijar responsabilidades y más que eso establecer legislación para evitar que estas prácticas vuelvan a suceder”.
Mientras que el representante Torres González, invitó a los representantes a favorecer la medida, para el beneficio de sus constituyentes, a la vez que cuestionó los reparos de la minoría ante la investigación.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 189, del representante Antonio L. Soto Torres, que ordena la realización de una pesquisa sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal Comprensivo exigido a raíz de la ley “PROMESA”, así como la recaudaciones del Fondo General y los fondos especiales.
La investigación que llevará a cabo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, también incluirá el estimado de los recaudos e ingresos probables, y el financiamiento mediante el uso de empréstitos; los estimados de ingresos y de inversiones, y desembolsos de las corporaciones públicas; la legislación que liberalice o imponga contribuciones de cualquier tipo; la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas, así como las condiciones de pago para los empréstitos.
De igual forma, se aprobó el Proyecto de la Cámara 44, del representante José F. Aponte Hernández, que busca beneficiar a la población con discapacidad mediante la creación de Centro de Servicios Gubernamentales Integrados, para que puedan recibir servicios de diferentes agencias gubernamentales en un mismo lugar.
La medida, tiene el objetivo de que este Centro, adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional, facilite el acceso a las personas con discapacidades a los servicios gubernamentales para ofrecerle a esta población una mejor calidad de vida.
Entre las agencias que ofrecerán sus servicios en este Centro se encuentran, los departamentos de Educación, Familia, Salud, Vivienda, Transportación y Obras Públicas y la propia Administración de Rehabilitación Vocacional.
Aponte Hernandez indicó que con este proyecto se puede atender a esta población que se estima que llega al millón de personas, de modo que puedan recibir los mejores servicios al identificar una facilidad en desuso que cumpla con los requisitos de acceso para dar los servicios en un mismo lugar que le ahorra a la persona tiempo y le añade valor al inmueble.
También se favoreció el Proyecto de la Cámara 735, de los representantes Dennis Márquez Lebrón, Juan O. Morales Rodríguez, Ramón L. Cruz Burgos, para decretar el 18 de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación de la Enfermedad de Huntington”, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este padecimiento en niños, jóvenes y adultos, en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o degeneran.
Igualmente, fue avalada la Resolución Conjunta de la Cámara 80, del líder cameral Méndez Núñez y el representante Soto Torres, para reasignar a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la cantidad de $225 mil para obras y mejoras permanentes en varios municipios.
Las obras a llevarse a cabo incluyen, la construcción y compra de materiales para la rehabilitación de viviendas, construcción o mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, centro comunales y de servicios, entre otros proyectos que se determinaran junto a las comunidades que serán servidas.
Del mismo modo, se aprobó la Resolución de la Cámara 133, de la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, para investigar los planes de desarrollo de la Autoridad de los Puertos en relación al Aeropuerto Internacional Mercedita, con el propósito de impulsar el pleno desarrollo del aeropuerto, identificar alternativas para aumentar su potencial.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 13 de marzo de 2017, a la 1:00 p.m.
El próximo miércoles 8 de marzo de 2017 a las 10:00 a.m., la Cámara de Representantes llevará a cabo una Sesión Especial en honor al Día de la Mujer.
