Procuradora de la Mujer investiga protocolo de hostigamiento sexual en Guaynabo

La Procuradora de la Mujer, Ileana Aymat Ríos, tomó la acción ante denuncias de hostigamiento sexual por parte del alcalde hacia una oficial.

Por Metro Puerto Rico

La Procuradora de la Mujer, Ileana Aymat Ríos, comunicó hoy viernes que investiga si el municipio de Guaynabo activó el protocolo de hostigamiento sexual que requiere la ley en el caso de la acusación contra el alcalde Héctor O’Neill.

“Ante las denuncias, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) está indagando si el municipio de Guaynabo activó el protocolo de hostigamiento sexual que requiere la Ley, en este o cualquier otro caso”, afirmó.

Sobre lo acontecido, Aymat Ríos destacó que la  “oficina repudia y rechaza cualquier acto de hostigamiento sexual venga de quien venga. El hostigamiento sexual constituye un ataque contra la dignidad de la mujer, punto”.

Recomendó que para tomar acción “es fundamental que las víctimas acudan a nuestra oficina. En el caso del alcalde, la víctima eligió el foro dónde atendería su situación y obtuvo el remedio. Nunca acudió a nuestra oficina donde con mucho gusto la habríamos atendido”.

Igualmente, consignó que “un caso como éste, que ha sido transado, está revestido de confidencialidad entre las partes, por lo que no tenemos mayores detalles. OPM no tiene la potestad de obligar a la víctima a acudir a buscar nuestros servicios. Aunque ya obtuvo el remedio civil, está invitada a acudir a nuestra oficina para beneficiarse de toda la ayuda gratuita que le podamos brindar”.

El alcalde de Guaynabo transó en el caso de hostigamiento sexual que se había presentado en su contra.

O’Neill había sido denunciado en junio pasado ante el Departamento del Trabajo federal por una mujer policía del municipio, con quien el alcalde supuestamente tuvo una relación sentimental durante cuatro años, iniciada a fines del año 2009.

Según la denuncia, O’Neill violó y agredió a la policía municipal cuando ella trató de terminar la relación en verano de 2015.

La querellante aclaró ante el Departamento del Trabajo federal que no se había quejado anteriormente por temor a represalias.

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