Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió el jueves, una acusación contra José Manuel Abreu-Ramírez y Milagros De los Santos-De Abreu de supuestamente obstaculizar una investigación del Departamento de Trabajo.
Según la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, estos supuestamente pagaban salarios mínimos y horas extras a sus empleados en los restaurantes José José y El Catador D’Abreu en violación de la Fair Labor Standards Act de 1938. Ambos restaurantes eran propiedad y operados por los acusados y ubicados en San Juan.
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Rodríguez Vélez junto al agente especial Michael Mikulka del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Oficina Regional de Nueva York hicieron el anuncio.
“Esta acusación es una prueba de nuestro compromiso de trabajar estrechamente con nuestros socios de la ley para hacer cumplir los programas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y proteger a los trabajadores de empleadores sin escrúpulos. Apoyaremos a las agencias federales en sus esfuerzos por mantener las protecciones y los salarios a los que los trabajadores tienen derecho bajo la ley federal.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos enjuiciará enérgicamente a las personas que explotan a sus empleados e intentan ocultar sus acciones al obstruir las investigaciones sobre el cumplimiento por parte del empleador de la ley federal”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.
La acusación de 25 cargos imputa a Abreu-Ramírez y De los Santos ocho cargos de falsas declaraciones ante una agencia federal, tres cargos de fraude telefónico, ocho cargos de robo de identidad agravado y cinco cargos de manipulación de un testigo, víctima o informante por intimidación, Amenazas, persuasión corrupta o conducta engañosa.
Las acusaciones indican que en lugar de hacer el pago a los empleados en las cantidades que los acusados habían acordado pagar de acuerdo con una investigación llevada a cabo por la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General del Departamento de Estados Unidos.
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Los acusados supuestamente hicieron que sus empleados aprobaran cheques que se habían emitido para demostrar el cumplimiento de la ley federal y luego retenían los cheques de los empleados.
Abreu-Ramírez y De los Santos cobraron o depositaron los cheques endosados en sus propias cuentas bancarias y mantuvieron los fondos en su propio beneficio. Las cantidades que Abreu-Ramírez y De los Santos retenían ilegalmente de sus empleados en violación de la Fair Labor Standards Act de 1938 era de aproximadamente 23,448.47 dólares.
Según la Acusación, en diferentes ocasiones entre abril y julio de 2014, Abreu-Ramírez y De los Santos también adquirieron la firma del Departamento de Trabajo de Estados Unidos de 20 empleados. En esas formas, los empleados fueron coaccionados para representar falsamente al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos que se les habían pagado montos adeudados para satisfacer las obligaciones de pago de salario mínimo y horas extras bajo la ley federal. Abreu-Ramírez supuestamente entregó estos formularios y otros documentos fraudulentos en persona ya través de comunicaciones por correo electrónico a la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sabiendo que contenían declaraciones falsas.
La Acusación también alega que Abreu-Ramírez y De los Santos supuestamente forjaron la firma de un empleado en formularios y documentos presentados a la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
“Una parte importante de la misión de la Oficina del Inspector General es investigar la supuesta obstrucción de las agencias del Departamento de Trabajo, incluyendo la División de Salarios y Horas. Continuaremos trabajando con nuestro Departamento de Trabajo y con los socios de la ley para investigar vigorosamente este tipo de denuncias “, declaró Michael Mikulka, Agente Especial a cargo de la Oficina Regional de Nueva York del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General.
La investigación fue realizada por la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General en coordinación con el Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
La asistencia ha sido proporcionada por el Servicio de Mariscales de los Estados Unidos y el caso está siendo procesado por la fiscal auxiliar Dennise Longo Quiñones de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción.
De acuerdo con los cargos, Abreu-Ramírez y De los Santos enfrentan penas potenciales de hasta cinco años de prisión por hacer declaraciones falsas a una agencia federal, hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, un plazo mínimo obligatorio de dos años de prisión por robo de identidad agravado y hasta un período de prisión de 20 años por manipulación de un testigo.
