El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Nelson J. Ramírez Rivera expresó hoy que se han atendido los reclamos del sector Pymes en el proyecto de administración que según Thomas Rivera Schatz, busca “uniformar los trámites, dándole velocidad y certeza” a la otorgación de Permisos en el País.
“Sin duda, la pieza legislativa ante nuestra consideración atiende reclamos que hemos hecho por mucho tiempo y que son componentes de vital importancia para el desarrollo del sector pymes,” detalló Ramirez Rivera.
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Asimismo, la Federación de Alcaldes, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Empresarios por Puerto Rico y la Asociación de Farmacias avaló lo que sería un sistema unificado de información digital, que se crearía como Sistema Unico y que provocaría el trámite acelerado en la otorgación.
“La interacción del Estado sobre los municipios no tendrán diferencia esencial, sería una sola entrada para el asunto de permisos,” apuntó el Presidente del Senado en referencia al sistema digital de información.
Mediante este Sistema Unico del Estado se radicarían todos los permisos. De esta forma, los Municipios Autónomos, Profesionales Autorizados, proponentes y agencias contenidas lo utilizarían para: pago, evaluación, adjudicación y otros asuntos. Estos procesos quedarán establecidos mediante guías y disposiciones del Reglamentos Conjunto del Estado, lo cual implica un Control Total de los Trámites y Procesos.
Rivera Schatz añadió que “lo que persigue el proyecto es la uniformidad, una sola vía, acortar y darle garantías que un permiso del Gobierno vale. Un permiso no debería durar tres o cuatro meses y ahí es que tiene que haber alguna instrumentalidad que saque del tráfico ordinario los proyectos de envergadura e inversión grande, estos no se pueden tratar igual sin embargo se deben mantener los controles ambientales que se tienen que tener”.
Las expresiones surgieron hoy en vista pública de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, sobre el Proyecto del Senado 310. Este, propone simplificar y transformar el proceso de permisos en Puerto Rico para contribuir al crecimiento de la economía local y al amparo de Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA. Este Proyecto, entre otras cosas, ordena a la Junta de Planificación (JP) revisar y enmendar los Planes de Ordenamiento Territorial.
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Sobre la eliminación de la Sección 2.16 que establece el Estudio de Impacto Económico, Rivera Schatz sostuvo que esta enmienda podría “atenderlo en otra legislación mas específica y así no se laceren la industria detallista.”
Esto, ante la preocupación de la Asociación de Farmacias (AF), Empresarios por Puerto Rico, CUD y del Científico Ambiental, Luis Jorge Rivera Herrera por esta eliminación.
“Hace un balance y si se elimina dañaría el capital local. El estudio limita, y se debe sostener”, abundó la representante de la AF.
De otro lado, el Presidente Senatorial coincidió con la representante de la Cámara de Comercio, Lisa Lamboy cuando detalló en la reducción al mínimo de agencias envueltas en emisión de permisos. “El proyecto dispone que OGPE sea el punto de inicio de un permiso, mas sin embargo atiende de forma mínima la reducción de entidades que emiten permisos,” reza el memorial explicativo sobre el cual coincidieron.
Asimismo, varios deponentes sugirieron el establecimiento de un Comité Ad-Hoc de supervisión de reforma. En términos generales, expresaron que con las reformas anteriores no se ha llegado a su mayor eficiencia y que con la intervención de este comité podría lograrse.
Entre las agencias que favorecieron hoy el proyecto se encuentran: Asociación Puertorriqueña de Concreto, Asociación Comercio al Detal, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Cámara de Comercio, Asociación de Farmacias de la Comunidad, Asociación de Constructores, Asociación de Contratistas Generales de America, Capítulo de Puerto Rico, Federación de Alcaldes, Asociación de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas; y los ciudadanos ingeniero Camilo Almeyda Eurite y el planificador Luis Jorge Rivera.
Previamente, este proyecto senatorial ha sido avalado por parte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación y el Departamento de Obras Públicas y el de Justicia.
