El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó con un “No ha Lugar” una solicitud de Certiorari presentada por el Municipio de Ponce lo que avala la petición del portavoz del PPD en la Legislatura Municipal, Luis M. Irizarry Pabón, para que la alcaldesa María E. Meléndez Altieri divulgue los nombres de los empleados contratados en violación a una ordenanza que le prohibía hacerlo.
El panel del Supremo que intervino estuvo integrado por los jueces Rafael Martínez Torres, Edgardo Rivera García y Ángel A. Colón Pérez. La Resolución, fechada el 21 de febrero, fue certificada por el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, Secretario del Tribunal.
La información la compartió Irizarry Pabón en una conferencia de prensa, celebrada hoy, y en la que fue acompañado por la licenciada Yazmín Colón del Bufete Emmanuelli, Víctor Vassallo, presidente del PPD en Ponce; Justiniano Díaz, legislador municipal del PIP en Ponce y representantes de los empleados municipales.
Irizarry Pabón explicó que la determinación del máximo foro judicial sostiene el dictamen previo del Tribunal de Apelaciones que había ordenado a Meléndez Altieri proveer el acceso a expedientes de los empleados municipales y a los nombres de los contratados ilegalmente durante el período del reajuste de la jornada laboral que llevó a la mitad el horario de los trabajadores del Municipio de Ponce. El documento reconoce el derecho de Irizarry Pabón, como legislador municipal, a tener acceso a la información reclamada.
El Municipio tiene derecho a solicitar reconsideración dentro de 10 días laborables a partir del 21 de febrero. De hecho, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, expresó que solicitarán una reconsideración.
Recomendados
Puerto Plata, República Dominicana: multidestino instagrameable
Buscan frenar fiebre alquileres a corto pazo
La gente que onePulse Foundation dejó atrás
“Llevaremos este asunto hasta las últimas consecuencias, reafirmamos nuestra obligación de proteger la confidencialidad que impone la Ley de Municipios Autónomos en el manejo de la información de los empleados municipales”, expresó la Alcaldesa.
Señaló que solicitarán reconsideración al Tribunal Supremo y que no descansarán en el uso de todos los recursos disponibles.
“No nos dejaremos amilanar por el afán político partidista de un legislador municipal de minoría y no cesaremos de defender a nuestros empleados”, reiteró Meléndez Altieri.
La Ordenanza Municipal #50, Serie 2012-2013, dispuso la reducción de la jornada laboral a los empleados municipales y el reajuste de un 10 por ciento al salario del personal de confianza, jefes de agencias e incluso la propia alcaldesa. Asimismo, dispuso, que el gobierno de Meléndez Altieri no puede contratar personal de confianza hasta que se normalice la jornada de trabajo de los empleados regulares.