La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias Médicas, el Cuerpo de Emergencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos fueron tres de las agencias que se unieron al reclamo de que se incluya al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCRH) en el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSPPR) que se pretende crear mediante ley.
“Lo veo con buenos ojos” expresó el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) así como de la Administración de Desastres Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico, Abner Gómez Cortés. Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos, Alberto Cruz Albarrán, dijo “no tener objeción alguna”.
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Mientras, al director ejecutivo de la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencias 9-1-1, Héctor Torres Calderón le pareció “extraordinario” que se puedan integrar estadísticas de corrección mediante lo que se conoce como ‘Mente Criminal’ porque “vamos a tener medidas más efectivas”.
Las expresiones afirmativas se produjeron durante la segunda vista pública de la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Henry Neumann en la que respaldaron el Proyecto del Senado 306 que propone el establecimiento del DSPPR. Este Departamento estará integrado por siete negociados compuestos por: Policía, Bomberos, Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas, Sistemas de Emergencias e Investigaciones Especiales y Ciencias Forenses.
La senadora y exsecretaria de Corrección, Zoé Laboy Alvarado, opinó que “si tienen en una misma mesa al DCRH a todos los componentes les aseguro que la información, la inteligencia de los crímenes que se han cometido y de los que se pudieran cometer la (intervención) del DCRH es de mucho valor para prevenir y ayudar en las investigaciones”.
Sobre el Proyecto del Senado 306, el director ejecutivo AEMEAD recomendó al Senado enmendar el mismo para integrar los despachos de las respectivas agencias al Sistema de Emergencias del 9-1-1 y que el Negociado de Emergencias Médicas estará a cargo de la política de las comunicaciones de interoperabilidad y ‘data sharing’. Asimismo, que la persona que dirigirá el área de Emergencias Médicas dentro del conglomerado del DSPPR no tan sólo tenga un mínimo de un grado de maestría sino que también tenga conocimiento en temas de manejo de emergencias o seguridad. De otra parte, solicitó que se añada dentro del Negociado a la Oficina de Seguridad Pública. También, que se añadan los planes de continuidad de operaciones (COOP, por sus siglas en inglés y su relación con FEMA, Sistema de Credencialización y el Centro de Operaciones (COE), entre otras sugerencias.
“Es muy positivo que el Negociado de Emergencias Médicas sea integrado a la Secretaría de Seguridad. En Puerto Rico el sistema de emergencias médicas históricamente ha estado adscrito bajo diferentes agencias siendo la última de ellas el Departamento de Salud” indicó Gómez Cortés previo a solicitar que dicho Negociado esté bajo el DSPPR y no bajo la tutela de Salud.
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En lo que respecta a dónde recaería la responsabilidad de prestar el servicio de ambulancia aérea, Gómez Cortés comentó que debe incluirse en el reglamento este servicio. Destacó que “si prevalecen los servicios privados deberían existir o renovarse los acuerdos establecidos con el Cuerpo de Emergencias Médicas que recaerían en el Negociado”. Recordó que en el cuatrienio pasado el Departamento de Salud incurrió en un gasto de $8 millones en la compra de una ambulancia aérea que “no es funcional hoy y va a tomar un año en utilizarla después de una auditoría del Contralor”.
Al coro de voces a favor de la medida se unió el director ejecutivo de la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencias 9-1-1. En su ponencia a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Torres Calderón expuso que es “imperativo” contar un Departamento que “vaya a la raíz de los problemas” y atienda los problemas de seguridad “de forma integral”.
“Es nuestra misión el reducir el tiempo que toma a los ciudadanos comunicarse con las agencias de seguridad pública o agencias de respuestas para ponerlas en conocimiento inmediato de las emergencias ciudadanas a su cargo, y que dichas agencias envíen sus recursos autorizados a atenderlas, a través de la línea 9-1-1”, dijo Torres Calderón cuya agencia cuenta con 275 empleados y el presupuesto del año fiscal 2016-2017 asciende a $21,686,000 provenientes de remesas enviadas por las compañías telefónicas.
Trascendió durante la vista pública que la agencia no está recibiendo fondos federales porque en el 2014 se hizo una transferencia de $12 millones al Ejecutivo y se desconoce para qué se utilizaron por lo que al momento no están recibiendo fondos federales. Como consecuencia Gómez Calderón dijo que están en el proceso de investigar qué sucedió a través de la Oficina de Auditoría, la cual estuvo cerrada por un año y un mes.
Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos, comentó que con el propuesto proyecto se toman medidas “inmediatas” para reducir el gasto público porque “promueve un gobierno más ágil y eficiente” con un equipo de trabajo integrado que responda más rápido a las situaciones de emergencia.
De otra parte, el Jefe de Bomberos presentó enmiendas entre estas definir el concepto de ‘Inspector’ y que se incluya al Cuerpo de Bomberitos en la medida. Según propuesto por Cruz Albarrán ‘Inspector’ sería “aquél miembro del Negociado de Bomberos que está debidamente adiestrado y que directamente desempeña tareas encaminadas a la prevención de incendios y se encarga de la ejecución de los Códigos de Prevención de Incendios”.
Sobre utilizar las mismas técnicas de entrenamiento a los componentes del DSSPR, entiéndase bomberos, policía, entre otros, Cruz Albarrán sentenció que “no va a funcionar de esa forma. Debe ser un centro académico donde a cada Negociado se le facilitará las herramientas dependiendo de su especialidad”.
De otra parte, el director ejecutivo interino del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Victor Dekony solicitó que la agencia mantenga su independencia fiscal porque los fondos federales destinados al ICF necesitan acreditaciones. De igual forma se expresó ayer la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez quien resaltó que el 63 porciento del personal de la sección de ADN está empleado con estos fondos.
La Policía, Justicia, OGP y Hacienda favorecieron ayer esta medida con enmiendas. Mañana continúan las vistas públicas.
