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Federación de Maestros advierte que cierre de escuelas es "declaración de guerra"

Advirtieron que la lucha por la educación "va en aumento"

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La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) acusó al gobierno de “sepultar la educación pública al revelarse los planes del Departamento de Educación para el cierre de unas 370 escuelas”, lo que a juicio de la organización magisterial representa “una declaración de guerra” a la educación de la isla.

El Departamento de Educación (DE) “busca ahorrar alrededor de 300 millones de dólares, y que los planes se limitan a reducir gastos destinados a nuestros niños y jóvenes para pagarles a los bonistas buitres. Ninguno de los cambios que propone la agencia tiene el objetivo de mejorar la educación y hacerla más accesible”, aseguró Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.

La Federación sostiene que “la nueva secretaria de la agencia viene a acatar las directrices de la junta de control fiscal”.

“Para el gobierno, la alternativa es el cierre de escuelas, entregarle los planteles a la empresa privada por medio de las escuelas chárter y las Alianzas Público Privadas (APP) y a los municipios, ya autorizada por la ley 10 de 2017. Con ello provocan el traslado forzoso de miles de niños, el hacinamiento de los estudiantes, el desplazamiento de cientos de maestros y la reducción de la oferta académica”, señaló Martínez.

Según explicó, el desplazamiento de miles de educadores hacia empresas privadas los someterá a empleos mal remunerados y sin beneficios. La salida de estos hacia las APP y los municipios reducirá la cantidad de maestros aportando al Sistema de Retiro, lo que profundizará la crisis”.

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La sindicalista destacó que “entre tanto recorte económico, las víctimas crueles de esas acciones son los estudiantes pobres y los de Educación Especial. Estos últimos no tienen sus terapias activas porque el Departamento de Educación no les paga a las corporaciones empujando a estos especialistas a la emigración masiva”

“Estos niños son una población vulnerable, a la que día tras día la agencia les viola sus derechos, les niega servicios educativos, creando así una crisis humanitaria”, apuntó.

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