Autora: Ivis Negrón Pérez, periodista | Opinión
La deuda pública es nuestra. Sí, esa que se eleva a $72 mil millones, la debo yo y la debe usted. La deben mis hijos y la deberán los hijos de mis hijos cuando lleguen, si es que nacen y se quedan aquí.
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Es la deuda de todos y todas. La escogimos con cada administración que pusimos en el poder cuatrienio tras cuatrienio. Cada una de esas administraciones se encargó de “abonar” a la deuda con préstamos; muchos y grandes préstamos. Algunos para financiar servicios, otros a costos vergonzosamente usureros para cuadrar presupuestos o dar la apariencia de un país en progreso.
Lo de haber sido mal administrados parece que ya lo estamos entendiendo. Al menos, comenzamos a dar muestra de ello en el pasado ciclo eleccionario, atreviéndonos a romper con el bipartidismo. Lo que algunos expertos en economía y administración repiten es que no hemos comprendido como pueblo lo que esa deuda significará para los que, sin remedio o por decisión, nos toque “resistir” las cargas que nos impondrán para cumplir con los acreedores de nuestro gobierno (un gobierno partido en dos).
¡Son cargas que ya vemos! ¿O, acaso, no? Impuestos, aumentos en los costos de agua y electricidad, carreteras que parecen campos minados, servicios cada vez más ineficientes… Se sumará el colapso total del sistema de salud, un dramático empobrecimiento de los pensionados y la amenaza oficial del desmantelamiento del pulmón educativo y profesional del país.
Ahí está el pago de nuestra deuda. Y habrá que pagarla, claro. No es opcional, dicen, porque es un asunto de responsabilidad con nuestro futuro. Pero, si tenemos que hacerlo, ¿no es justo que también pensando en nuestro futuro (y, por qué no, en nuestro presente), sepamos qué es lo que vamos a pagar, ¿cuáles fueron los términos en que se tomaron esos $72 mil millones y si alguien se aprovechó de nuestro “adormecimiento colectivo” para embolsillarse cuantiosas sumas de manera ilegal?
Pues, esta reivindicación es la que pidieron los 100 mil ciudadanos que reclaman la restitución de la comisión ciudadana creada por ley para auditar la deuda pública. Digo reivindicación porque, ante los estragos que experimentamos, este acto de transparencia pública es lo justo, lo menos indigno para esta sociedad que le toca seguir recibiendo golpes de austeridad y contracción económica, mientras se faja para que ocurra todo lo contrario.
Si la política es el arte de gobernar por el bien común, disminuir el reclamo de estos 100,000 ciudadanos y ciudadanas a cosa de poca importancia, o mantener silencio, como lo ha hecho la mayoría en los partidos dominantes, nos reafirma lo de siempre: no está claro cuál es el “bien común”. Si lo estuviera, ninguno se opondría a entender esa deuda antes de negociarla. Es lo que corresponde para no seguir lamentándonos, para no volver a caer en desgracia ni desgraciar a la próxima generación. Ese es el reclamo del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, de los 100 mil firmantes y, estoy segura, de muchísimos más. Si la deuda es nuestra, pues la información también.
