A días de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) discuta el informe de la investigación administrativa sobre la otorgación de las becas presidenciales, este se filtró hoy y según se desprende del documento hubo irregularidades en el proceso de elegir los estudiantes.
Ahora bien si bien es cierto que el documento, que consta de más de 200 páginas, expone que en efecto hubo irregularidades en la ortorgación de becas por parte del expresidente de la UPR, Urayoán Walker, este expone que no fueron consideradas como delito ni una violación al reglamento.
Aún así, en el informe se propone “se recomienda la inactivación permanente del Programa de Beca Presidencial y la derogación de la Certificación Número 72 (2006-2007)”, reza el documento.
La ahora expresidenta, Celeste Freytes, estableció que “es necesario revisar la documentación y formularios (incluyendo el de la solicitud) así como el acuerdo contractual para que se elimine cualquier incompatibilidad en estos”. Esto debido a que el documento detalla que la ausencia de un reglamento “para el trámite de recomendación de candidatos a becas presidenciales, ocasionó que cada recinto y unidad institucional realizara el proceso”.
Las ayudas económicas entraron en controversia cuando se reveló que el Recinto de Río Piedras aprobaron becas al exasesor del hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Carlos Pagán, el exasesor de Fortaleza, Arturo Ríos, y Mónica Sánchez, quien es sobrina de Jorge Sánchez, presidente de la Junta de Gobierno en aquel momento.
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Según el documento, a Pagán no se le concedió la plaza que solicitó como docente. Sobre Sánchez se precisa que solicitó la aprobación de un plan de pago para devolver la ayuda recibida, mientras que Ríos ya devolvió el dinero.
La discusión de este informe será incluida en la agenda de la próxima reunión ordinaria de la Junta, pautada para el lunes 27 de febrero de 2017 a las 5:00 p.m.
La controversia de las becas presidenciales provocó la salida de varios funcionarios de la alta cúpula del primer centro docente del país, entre ellos Walker y Carlos Severino, quien era el rector del recinto de Río Piedras cuando se otorgó la ayuda a los tres jóvenes que tenían vínculos con la administración de García Padilla.
En aquel momento esto exponían que habían seguido los procesos, pero una vez se revelaron las solicitudes se hallaron una serie de irregularidades.
La beca presidencial es para estudios fuera del país y le garantiza al estudiante una plaza en la UPR al culminar sus estudios, ya que los grados subsidiados son en disciplinas de difícil reclutamiento y en las que hay necesidad en el primer centro docente del país. Pero en este caso la mayoría de los becados no estaban en grados de “difícil reclutamiento”.
El 3 de julio de 2015, Walker, emitió una comunicación en la que solicitaba a los rectores que sometieran sus recomendaciones el día 15 de ese mes, dejando menos de dos semanas a los rectores para que presentaran candidatos. Lo que levantó las dudas en el proceso.
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