El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que el Alto Cuerpo enmendará el proyecto que pretende agilizar el proceso de otorgación de permisos luego de recibir recomendaciones por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en la vista que se celebró esta mañana.
Asimismo, opinó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) debe tener más inherencia en proyectos “estratégicos e indispensables para levantar la economía”.
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“El ingeniero de DTOP sugirió unas enmiendas que son buenísimas. Además pienso que el DDEC debe tener un poco más de facultad de las que el Proyecto le concede. Las Alianzas Público Privadas (APP) permiten un trámite expedito y particular en el desarrollo de proyectos importantes pues podemos tener algo parecido a eso en este sistema que se está construyendo con esta legislación para agilizar los permisos donde el DDEC pueda identificar ciertos proyectos que son estratégicos e indispensables para levantar inmediatamente la economía…obviamente asegurando que las agencias concernidas revisen lo que corresponde en términos de ambiente, recursos naturales y todo lo demás pero que haya un poquito más de fluidez y velocidad”, declaró Rivera Schatz al atender preguntas de los periodistas posterior a su participación en la vista pública de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas.
En la audiencia se analizó el Proyecto del Senado 310 de Administración que propone simplificar y transformar el proceso de permisos en Puerto Rico para contribuir al crecimiento de la economía local y al amparo del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA. Este Proyecto, entre otras cosas, ordena a la Junta de Planificación (JP) revisar y enmendar los Planes de Ordenamiento Territorial.
El secretario de DTOP, Carlos Contreras Aponte, recomendó a los miembros de la Comisión, entre otras cosas, que en los sistemas digitales que se implantarán se provean los documentos mínimos para los respectivos permisos o endosos en un formato que no permita la presentación de la petición si la misma no está completa. Asimismo, entiende “necesario” crear o asignar un fondo especial para garantizar que las agencias que no puedan solventar costos asociados a la implementación del Sistema Unificado de Información (SUI) puedan recibir del mismo los dineros necesarios para garantizar una implementación “exitosa y rápida”.
Por su parte, el secretario del DDEC, Manuel Rivera Laboy, aseguró que con esta medida “se rompe con el paradigma de gobierno tradicional y convertirnos en un ente facilitador, demostrar que Puerto Rico está abierto para hacer negocios y posicionarnos como un destino atractivo para realizar inversión a corto, mediano y largo plazo”.
“Esta reforma es igualmente importante para el inversionista local, incluyendo nuestras pequeñas y medianas empresas, así como para el inversionista extranjero, incluyendo aquellos negocios nuevos de capital externo que lleguen como resultado de la recién aprobada ley para crear ‘Enterprise Puerto Rico’, otro de los proyectos emblemáticos de esta administración. Estas medidas en conjunto con el Código de Incentivos, el Mapa de Activos y otras, servirán como herramientas para propulsar un desarrollo económico sin precedentes”, argumentó Rivera Laboy.
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Ante el propuesto en el proyecto de liberar a las compañías extranjeras que construyan edificios de 65 mil pies sin el Estudio de Impacto Económico, Rivera Schatz adelantó a la prensa que eso se está revisando “con detenimiento”. “Todo debe estar sujeto a examinarlo y verlo con calma. El objetivo tiene que ser lograr que el desarrollo económico de Puerto Rico se note, crezca y sea realidad integrando todos los actores de la actividad económica entre estos los grandes empresarios, los medianos y los pequeños independientemente que sean locales o extranjero. Desde mi punto de vista me parece que el empresario local que se ha quedado aquí en condiciones inhóspitas tenemos que reconocerle eso y de alguna manera premiarlo”, añadió.
De otra parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), Ian Carlo Serna, recalcó que las iniciativas propuestas para simplificar el proceso de permisos “no menoscabarán” la autonomía municipal. “Reconoce a nuestros municipios autónomos como gobiernos de instancia, facilitadores del ciudadano y del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y como pieza clave en la construcción del nuevo Puerto Rico” pero se establecerán reglamentos uniformes y no se incidirá sobre la facultad de los municipios de evaluar permisos porque “eso no se está tocando”.
Rivera Schatz opinó que al haber en Puerto Rico 78 gobiernos municipales, de los cuales algunos tienen jerarquía para intervenir o decidir en materia de permisos “es bueno que digamos que va a haber un reglamento uniforme para que todos los procedimientos se guíen de una sola forma”.
Mientras tanto, la presidenta designada de la Junta de Planificación (JP), María del Carmen Gordillo, endosó esta pieza legislativa al adjudicar a la falta de controles, las deficiencias en la utilización de los recursos y la falta de uniformidad en los procesos de otorgar permisos como razones para el estancamiento en el desarrollo económico en Puerto Rico.
Por su parte, el vicepresidente del Senado, el ingeniero Larry Seilhamer Rodríguez, opinó que puede crear conflicto de interés “o por lo menos de apariencia” que el juez administrador esté adscrito a OGPE “y tenga que revocar a su propia agencia”. Por esta razón, sugirió que la División de Revisión Administrativa esté adscrita a la Junta de Planificación lo cual no tuvo objeción por parte de Carlo Serna ni de Gordillo.
El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier, dijo que el Proyecto del Senado 310 “podría tener el consenso de los partidos siempre y cuando se hagan unos ajustes”.
Para trabajar lo solicitado por el proyecto de ley tanto la JP como OIGPE evaluarán si utilizarán las disposiciones de Empleador Único.
El proyecto senatorial también fue avalado con enmiendas por parte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA). El Departamento de Justicia se excusó de participar en la audiencia pública pero envió un memorial explicativo en el que se expresó a favor.
