La Policía invirtió $5.1 millones en el sistema Crime Information Warehouse (CIW), pero terminó sin ser usado y la uniformada terminó optando por la sencilla hoja Excel.
Así se estableció en una auditoría de la Contraloría al Negociado de Tecnología y Comunicaciones, División de Tecnología, de la Policía.
Según el informe, el cuerpo de seguridad invirtió $4.4 millones en 2010 para la adquisición e implantación del CIW y $735,000 en 2012 para su mantenimiento y operación.
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El examen realizado reveló que desde 2013, el CIW no cuenta con información actualizada de las bases de datos de los Departamentos de Corrección, Justicia, y Transportación y Obras Públicas.
Además, al 20 de octubre de 2014 no se utilizaba el módulo de Estadística del CIW.
“Estas situaciones no permitieron que la Policía obtuviera el máximo beneficio de los $5.1 millones invertidos y que tampoco la Policía contara con la información estadística necesaria para investigar los delitos”, indica la auditoría.
Agrega que, por el contrario, “la Policía trabajaba las estadísticas en el Sistema SAEC+ creado en el 2002 y en una hoja Excel”.
Sobre los controles establecidos para el Firearms Administration System (FAS), el informe señala que la información contenida en el sistema está incompleta y no es confiable.
Por ejemplo, señala que “la base de datos de las armas de fuego no indicaba el modelo de las armas en 60,625 registros y la base de datos de las licencias indicaba como activas –luego de los cinco años de la vigencia de una licencia- unas 12,438 registros para los cuales habían transcurrido hasta ocho años luego de la vigencia. Nuestros auditores además, identificaron deficiencias con el proceso de notificación del vencimiento de las licencias de armas”.
La auditoría revela que para 2014 no se habían registrado en el Sistema de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales (ANPE) unas 15,000 sentencias por delitos menos graves y que al 2015 los certificados expedidos por la Policía no incluían los delitos cometidos en las jurisdicciones nacionales, estatales o federales de los Estados Unidos.
Tampoco el Sistema ANPE había incorporado algunos artículos del Código Penal de 2004 y los artículos del Código Penal de 2012. “Estas situaciones afectan la integridad y confiabilidad del Sistema que expide Certificados de Antecedentes Penales”, concluye el documento de la Contraloría, que cubre el periodo del 27 de enero de 2014 al 15 de febrero de 2015.I
