El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda entregó en La Fortaleza y el Capitolio la petición que unos 100 mil ciudadanas y ciudadanos firmaron solicitando que se restituya la comisión designada por ley para completar los trabajos de auditoría que permitirían conocer al país las condiciones en que se tomaron prestados los $72,000 millones en préstamos al gobierno.
Un grupo representativo de la ciudadanía y de los sectores que componen el Frente acudió esta mañana a las oficinas de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez Núñez, y luego a La Fortaleza, para entregar la lista de peticionarios que reclaman una acción afirmativa de parte de la administración gubernamental.
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“Este amplio grupo de firmantes representa a muchos más que esperan respuestas afirmativas y transparentes antes de imponerle a ellos, sus hijos, hijas y nietos las consecuencias nefastas de malas administraciones”, expresó Eva Prados, portavoz del colectivo. “Las autoridades no deben ni descartar como inoficioso ni temerle a un proceso que proveerá claridad al pueblo acerca de los errores que nos trajeron a esta situación y propiciará alternativas para evitar que se repitan”, manifestó Prados.
El colectivo se sostiene en que lo que sería inútil es llegar a negociaciones con acreedores sin conocer realmente qué se debe y cuánto se debe. La Ley 97 de 2015 creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público y, aunque solo se asignó una cantidad mínima, los primeros análisis del grupo de expertos apuntaron a que hasta $30 mil millones pudieron haber sido emitidos de manera ilegal.
“No hacer nada ante estas revelaciones, sería una verdadera irresponsabilidad pública con esta y las futuras generaciones, que cargaremos con el desastre económico que heredamos a causa de nefastas decisiones”, añadió la portavoz. Los fondos destinados para dicha auditoría se mantenían separados para su futura utilización y la Comisión ya había llegado a acuerdos con la firma Macías, Gini & O’Connell, uno de los bufetes expertos en procesos de auditoría pública de Estados Unidos.
“Es momento de que la Legislatura le cumpla al país y permita el único instrumento confiable y accesible que nos queda para conocer la verdad detrás de este endeudamiento colectivo y la única estrategia para evitar que esto vuelva a ocurrir”, concluyó Prados.
