La Junta de Control Fiscal divulgó recientemente los estatutos que utilizarán sus miembros para hacer públicas sus fuentes de ingresos, según lo establece la sección 109 de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida como Promesa (siglas en inglés).
Los miembros del ente federal —incluyendo el representante exoficio del gobernador, Elías Sánchez— deben cumplir con ética federal y rendir informe de sus intereses financieros.
La fecha límite para hacerlo es el 28 de febrero, periodo en que también se supone que el Gobierno de Ricardo Rosselló haya entregado el plan fiscal.
La premisa principal de esta exigencia es que los miembros de la Junta, mediante la divulgación de sus ingresos, no utilicen el cargo para beneficiarse económicamente.
Para el ingeniero y analista político Carlos Pesquera, la acción de la Junta lo que hace es entrar en el cumplimiento de la ley que les requiere que, 30 días después de haber sido nombrados, sometan sus informes de ingreso.
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“Lo que se busca es saber todos los bienes que poseen y otras fuentes de ingreso con la expectativa de que no usen el cargo para el lucro personal”, sentencia Pesquera, quien aseguró a Metro que el pasado 6 de diciembre envió una carta a la Junta solicitando que todos sus miembros divulguen los informes financieros que requiere la ley.
Entre las directrices contenidas en el nuevo reglamento de rendición de ingresos está la contratación de un asesor en ética, quien revisará la información proporcionada por cada uno de los integrantes de la Junta.
Otra de las exigencias es que cada miembro de la Junta y empleados del organismo “actualicen su divulgación financiera siempre que se haya producido una compra, venta o intercambio de acciones, bonos, futuros de materias primas u otros valores y el monto de la transacción exceda $1,000”.
“Dichas divulgaciones se harán según sea necesario cada cuatro meses, catorce días calendario, después del cierre de cada trimestre calendario comenzando con el primer trimestre calendario en 2017”, detalla el reglamento publicado el lunes en la noche, que, además, demanda que cada persona sujeta a divulgación debe presentar un informe anual de intereses financieros antes del 30 de abril de cada año. Los informes estarán disponibles en la página cibernética de la Junta.
Pesquera sostiene que, en caso de que alguno de sus integrantes se niegue a divulgar su situación financiera, debe renunciar al puesto. “Esto no es opcional. Tú no puedes decir que no lo vas a hacer porque estás en contra. Es un requisito. La Ley Promesa establece claramente que se debe cumplir con ética federal ”.