Estudios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) muestran que las mujeres representan el 44% de la fuerza laboral en la Isla, sin embargo, no tienen paridad con el salario de los varones.
En esa dirección, el Senado analiza legislación que garras para lograr la equidad salarial.
El DTRH, el Departamento de Justicia (DJ), la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) y la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres (OPM) endosaron este martes la creación de la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, que aplica a las que laboren en el sector público y el privado.
El Proyecto del Senado 9, analizado en vista pública de la Comisión de Gobierno, que preside el senador Miguel Romero Lugo, también dispone que las protecciones propuestas aplicarán y protegerán también a los varones ante cualquier alegación o situación laboral en la que se sientan discriminados.
Según lo dispuesto en el Proyecto, sería ilegal que un patrono requiera, como condición de empleo o de permanencia en el mismo, que un empleado o aspirante se abstenga de preguntar, discutir, solicitar o divulgar información acerca de su salario o del de otro empleado que realice una labor similar.
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También dispone que los empleados que sean discriminados en su salario por razón de sexo tendrán derecho a cobrar mediante acción civil la cantidad dejada de percibir hasta cubrir el importe total del salario que le correspondía, más una cantidad igual a lo dejado de recibir por concepto de penalidad adicional más las costas, gastos y honorarios de abogado.
No obstante, el patrono podrá quedar liberado de esta penalidad si establece procesos de autoevaluación detallados y demuestra que ha logrado un progreso razonable para evitar las diferencias salariales.
Además, todo patrono que despida, amenace, discrimine o tome represalias contra un empleado incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto haya causado al empleado.
El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, expuso que la pieza legislativa es de “justicia social” que “será de gran ayuda para propiciar que las mujeres en Puerto Rico sean compensadas de forma igual a los hombres. De esta manera se propende lograr cambios en nuestras escenarios laborales que redunden en el bienestar total de la sociedad”.
Por su parte, la titular de Justicia, Wanda Vázquez Garced, argumentó que la creación de esta ley “llenará un vacío jurídico” porque se atenderá con especificidad aspectos prácticos que atañen el derecho constitucional de “igual paga por igual trabajo”.
Sin embargo, recomendó que sea la OATRH la agencia que vele por el cumplimiento de la propuesta ley.
La directora designada de dicha agencia, Nydza Irizarry Román, aclaró ate esa recomendación que la jurisdicción de la OATRH aplica solo al sector público.
En lo que respecta a la presentación de querellas, la procuradora de la Mujer, Ileana Aymat Ríos, solicitó a los miembros de la Comisión que se le permita a las personas afectadas presentarlas tanto en el DTRH así como en la OPM.
“En el caso de la radicación de la querella en un foro dicha jurisdicción excluye al otro foro”, dijo.
De aprobarse la medida, Puerto Rico se uniría a otras jurisdicciones estatales que han promulgado leyes que refuerzan el mandato establecido en el Equal Pay Act de 1963. A partir de la aprobación de dicha ley se comenzó a reducir la brecha salarial entre lo que ganan los hombres en comparación con las mujeres al realizar el mismo trabajo.
Precisamente a tono con la política pública de otorgar puestos de liderato a la mujer, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó a 25 mujeres a dirigir agencias y puestos directivos, conformando el 40% de su gabinete.