El caso en que varios ex empleados de la Superintendencia del Capitolio son acusados de supuestos actos de corrupción pisa y no arranca, al ser suspendido hoy nuevamente la vista de Regla 6, que inició el 26 de octubre del año pasado y en el que ya se desistió contra dos denunciados.
El fiscal Gabriel Reyes, que sustituye a la fiscal Wilda Nin, quien pidió en noviembre traslado al distrito de Humacao, no compareció hoy por estar enfermo.
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Nin solicitó el traslado, tan pronto el partido de gobierno perdió las elecciones.
Reyes no compareció a una vista anterior por no estar preparado, aunque en todo momento había sido el segundo de Nin. Otra vista fue suspendida por una situación penosa de uno de los abogados.
Dos suspensiones han sido adjudicadas al ministerio público. El caso tiene 19 abogados en el ejercicio.
Sin embargo, INS supo que la defensa logró obtener otra evidencia exculpatoria, que se había solicitado y no se había entregado.
La pieza consiste de una declaración jurada, tomada apenas un domingo, tres días antes de presentarse los cargos el 26 de octubre, unos 13 días antes de las elecciones.
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Esa declaración jurada, sostiene la defensa, ubica a una de las acusadas trabajando en el Capitolio en varias fechas, cuando lo cierto es, según se ha certificado, que se encontraba desde el verano de 2012 fuera de sus labores. Esta regresó a su trabajo en diciembre de ese año.
La defensa busca minar la credibilidad del testigo José Figueroa, principal testigo contra Eliezer Velázquez, entonces superintendente del Capitolio, y otros imputados.
De Figueroa se indicó que en unos casos hace muchos años fue referido al Departamento de Justicia por supuesto perjurio, es decir, mentir bajo juramento.
Las dos personas que la fiscal Nin y el entonces secretario de Justicia César Miranda pidieron desistir del caso son Juan Manuel Rexach e Iván Otero. Solo se desistió contra ellos luego de las elecciones.
La defensa insistió nuevamente en que el ministerio público entregue toda la evidencia exculpatoria que tenga. No hacerlo supondría graves problemas para la defensa justa del caso y es una violación por la cual un juez puede desestimar los casos, bajo la doctrina (federal) Brady.
