Comité Municipal del PNP en Gurabo acudirá al Tribunal Supremo

El Tribunal de Apelaciones ordenó el lunes, que la elección del nuevo alcalde para el Municipio de Gurabo se realice conforme a la Ley Electoral.

Por Cybernews
Comité Municipal del PNP en Gurabo acudirá al Tribunal Supremo

El vicepresidente del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Gurabo, Rafael Rodríguez Rivera, anticipó el martes, que en los próximos días acudirán al Tribunal Supremo para presentar un recurso de apelación en busca de que el Alto Foro judicial se exprese y resuelva la disputa legal existente sobre cómo llenar la vacante de Alcalde en el municipio.

“Por un lado tenemos una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas que indica que aplica el Artículo 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, así como una opinión expresada en los medios de comunicación por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, profesor Julio Fontanet y del presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera, coincidiendo con la opinión del Tribunal Superior. Y, por otro lado, está la decisión del Tribunal de Apelaciones que sostiene que lo que aplica es el Artículo 9.006 de la Ley Electoral”, señaló Rodríguez Rivera en declaraciones escritas.

“Hemos consultado con nuestro abogado y tomado la determinación de apelar la decisión del Tribunal de Apelaciones. Confiamos en que la última palabra la pueda tener el Tribunal Supremo de Puerto Rico por lo que entendemos es prematuro en este momento el asegurar por cualquiera de las partes cuál va a ser el procedimiento final para llenar la vacante”, concluyó Rodríguez Rivera.

El Tribunal de Apelaciones ordenó el lunes, que la elección del nuevo alcalde para el Municipio de Gurabo se realice conforme a la Ley Electoral.

“La controversia planteada se reduce a determinar cuál es el procedimiento establecido en ley para llenar la vacante de un alcalde electo que no juramentó al puesto. Conforme al derecho aplicable, resolvemos que el procedimiento aplicable es el dispuesto en la Ley Electoral”, reza parte de la sentencia emitida por el panel de jueces, compuesto por Roberto Sánchez Ramos, presidente, Grace Grana Martínez y Giselle Romero García.

La Legislatura Municipal de Gurabo pretendía llenar la vacante bajo el amparo de la Ley de Municipios Autónomos. No obstante, el Partido Nuevo Progresista (PNP), exigía que el proceso se hiciera bajo la Ley Electoral.

“No nos convencen los   fundamentos del foro apelado para concluir que el legislador no tuvo la intención de revocar el Artículo 3.003, supra. Según el TPI, si esa hubiera sido su intención, lo hubiese revocado tal como lo hizo con el Artículo 3.004, supra. Si bien es cierto, que actualmente el texto del Artículo   3.003, supra, permanece en la ley, a nuestro juicio, fue derogado tácitamente por las enmiendas introducidas a la Ley Electoral del año 2014. La derogación tácita ocurre cuando la nueva ley contiene preceptos contrarios o irreconciliables con los de la ley anterior. Las enmiendas introducidas en la Ley Electoral son inconsistentes con el Artículo 3.003, supra, de la Ley de Municipios Autónomos, porque establecen un procedimiento totalmente distinto para llenar la vacante de un alcalde electo que no ha juramentado”, indica la sentencia.

“Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones, ponemos punto final a una controversia que jamás debió llegar a los tribunales. La intención del legislador cuando aprobó las enmiendas a la Ley Electoral, en el 2014, era clara, y así lo entendió el panel de jueces, tal y como el Partido Nuevo Progresista planteó desde que se materializó la vacante en Gurabo. Ahora corresponde pasar la página, tramitar todo lo necesario para que se lleve a cabo la elección especial para escoger un nuevo alcalde en Gurabo, y continuar trabajando unidos por este partido, la justicia social y la Estadidad,” sostuvo el secretario general del PNP, Rafael “June” Rivera Ortega en declaraciones escritas.

El exalcalde de Gurabo, Víctor Manuel Ortiz fue arrestado el pasado 7 de diciembre por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI). Está acusado por extorsión y soborno a un contratista del Ayuntamiento. De ser hallado culpable, se expone a una sentencia de 20 años en prisión.

Como consecuencia de su arresto, Ortiz no pudo juramentar al cargo, una vez se venció el término otorgado por la Legislatura Municipal el 26 de enero.

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