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Jueza presidenta lamenta muerte de abogado Hey Maestre

El licenciado Charles Hey Maestre fue director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico.

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La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, expresó hoy su pesar profundo por el fallecimiento del ex director ejecutivo de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico (CSLPR), Charles Hey Maestre, a quien describió como “uno de los grandes del acceso a la justicia en nuestro País”.

La noticia del fallecimiento del licenciado Charles Hey Maestre nos estremeció a todos y a todas en la Rama JudicialSu vida y su gestión profesional es a lo que me refiero cuando hablo de darle carne y contenido al concepto de acceso a la justiciaLa defensa enérgica y apasionada del que menos tiene, del más vulnerable, es solo una de las razones por las cuales como estudiante, abogada y ahora como juezasiempre me inspiró el licenciado Hey MaestreAl licenciado Hey Maestre no le gustaba lo fácil. Se echó sobre los hombros muchas luchas que, a pesar de lo difícil, tienen que darse. Rechazó una y otra vez oportunidades de lucro personal para darle voz a los más vulnerables y hacer suya su defensa. Su capacidad profesionalsu calidad humana y su trato conciliador lo distinguieron siempre. A nombre de la Rama Judicialcon quien colaboró extensamente para lograr un acceso a la justicia que realmente garantice el trato equitativo e igualitario de todas las personasle extiendo el abrazo solidario a su esposa Linda y a sus hijos. Sepan que el licenciado Hey Maestre tiene el respeto y la admiración de todos quienes tuvimos el privilegio de conocerle”, expresó la Jueza Presidenta en declaraciones escritas. 

Se informó que Hey Maestre fue un colaborador estrecho de la Rama Judicial en diversos proyectos de la Directoría de Programas Judiciales, como Justicia para la Niñez y múltiples iniciativas relacionadas al acceso a la justicia. Al momento de su deceso pertenecía a la Comisión Asesora de Acceso a la Justicia, organismo que tiene como meta principal asesorar a la Rama Judicial en la formulación de política pública que garantice el acceso a la justicia y el trato equitativo e igualitario a todas las personas, particularmente a aquellas en estado de vulnerabilidad. 

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