El presidente de la Comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Representantes, Félix Lasalle Toro, anunció que conducirá una amplia indagatoria sobre la situación de los deambulantes en Puerto Rico, a partir de la efectividad de las medidas tomadas por las agencias del orden público para atender el problema.
“Durante los últimos años, se ha visto un incremento en el número de personas que deambulan en las calles de Puerto Rico, en su mayoría tienen problemas de adicción a las drogas o al alcohol, están físicamente impedidos, son inmigrantes, pacientes de sida, ancianos, sin ingresos suficientes o desprovistos de ayudas económicas”, destacó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) junto a sus colegas correligionarios José “Che” Pérez Cordero, Joel Franqui Atiles y Michael Abid Quiñones Irizarry.
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El representante del Distrito 16, el cual comprende los municipios de San Sebastián, Isabela y Las Marías Más, comentó que “son seres humanos que han caído en ese estilo de vida por problemas familiares, depresión, desempleo o problemas económicos, entre otros, y viven de la caridad pública, por lo que queremos investigar esta situación para buscarle soluciones reales”.
En la Exposición de Motivos de la Resolución de la Cámara 98 se precisa que los deambulantes experimentan una serie de problemas como lo es el estigma social y el rechazo de la sociedad.
Además, agrega, estas personas poseen necesidades diversas de salud, falta de ingresos económicos, empleo, apoyo social y familiar, en especial falta de vivienda.
Como medida para reducir el número de deambulantes y para rehabilitar a aquellos que sean adictos a drogas, sugiere la intervención de los municipios y la Policía de Puerto Rico, que tienen programas dirigidos atender a esta población.
El que mayor número de participantes ha impactado es el programa “De Vuelta a la Vida”, el cual es manejado por la Policía, que conecta a los adictos a centros de servicios de rehabilitación dentro y fuera de la isla.
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En la última década, la policía puertorriqueña estima que el número de participantes trasladados a los centros fuera de Puerto Rico, específicamente a Estados Unidos, es de 758 personas.
La Ley 250 de 1998, conocida como “Política Pública para las Personas Deambulantes”, especifica en su artículo 3 que “el gobierno de Puerto Rico reconoce que el problema de las personas deambulantes es uno de los más graves y complejos que confronta nuestra sociedad”.
“En el desarrollo de la política pública establecida sobre este asunto, debemos dar énfasis a atender las necesidades básicas que presentan las personas deambulantes, principalmente las de subsistencia, de forma que podamos preservar la dignidad de estos seres humanos”, recalca la normativa.
El representante Lasalle Toro sostuvo que “este Cuerpo Legislativo, reconociendo que el Estado tiene la obligación legal y moral de promover los derechos de todos sus ciudadanos, entiende imperativo que se realice una investigación para analizar el asunto de manera sensitiva y detallada”.
El envío de deambulantes puertorriqueños a Estados Unidos ha levantado suspicacia, luego de que algunos medios de comunicación han denunciado en tiempos recientes el abandono que sufren muchos después que los dejan en presuntas casas de rehabilitación.
