El gobernador Ricardo Rosselló Nevares debe recapacitar sobre su negativa a que se revise la legitimidad de la multimillonaria deuda que compromete el futuro de Puerto Rico, instó hoy el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, Roberto Pagán, al considerar que su prioridad debe ser “velar por la constitucionalidad de todas las gestiones del gobierno, presente y pasado”.
“El pueblo tiene derecho a conocer las condiciones en que se tomó prestado, la legalidad de las emisiones, quiénes participaron de esa gestión, cómo se invirtió y quiénes se beneficiaron; es un derecho básico, elemental de transparencia gubernamental”, afirmó.
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Pagán, quien ha impugnado la orden del gobernante destituyéndole de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público por entender que carece de autoridad para ello, apuntó que el mandatario “debe entender que la auditoría de la deuda es un mecanismo que se ha usado en otras jurisdicciones para fortalecer la posición del gobierno en las negociaciones con sus acreedores”.
“Además, si se cometieron ilegalidades, los responsables deben ser denunciados y enjuiciados como se hace con cualquier otro delincuente”, argumentó al mostrarse confiado en que Rosselló Nevares y sus asesores “recapaciten y utilicen el mecanismo de la auditoría que le brinda la Ley 97 de 2015, que está vigente hasta que cumpla con su cometido o sea derogada por la asamblea legislativa”.
