El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, junto a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la superintendente de la Policía, Michelle Hernández y la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez firmaron el miércoles, un acuerdo de entendimiento para reforzar la lucha contra el crimen.
“Todo este esfuerzo comenzó cuando culminó el proceso electoral donde pudimos reunirnos con la fiscal (federal) Rosa Emilia (Rodríguez) y su equipo de trabajo para establecer lo que iban a ser los pasos para llegar a este momento”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.
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Este acuerdo suscrito por la jefa de la fiscalía federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, incluye por primera vez crímenes de crueldad contra animales, evasión contributiva y corrupción gubernamental. Además, el término de vigencia aumentó de uno a tres años.
Según un parte de prensa, bajo el acuerdo de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) se aumenta a diez los fiscales del Departamento de Justicia local en la Fiscalía Federal. Estos fiscales podrán investigar y litigar casos complejos en la corte federal con las mismas facultades que un fiscal federal. Esa experiencia enriquecerá el sistema estatal al preparar a estos funcionarios en los procedimientos de la esfera federal.
Además, se coordinará la jurisdicción de la Policía y Fiscalía Federal en los casos de tráfico de drogas con el propósito de no duplicar esfuerzos. Las agencias federales y estatales trabajarán en conjunto en los ‘Strike Force’ de narcotráfico.
En ciertos casos de narcotráfico (grandes cantidades de drogas a través del aeropuerto), carjackings, ciertos robos a bancos y casos bajo el Hobbs Act (interferencia con el comercio interestatal por robo o extorsión, como robos a mano armada a negocios), las agencias federales tendrán jurisdicción primaria.
Los casos de armas cualificados bajo el MOU incluyen posesión relacionada a un crimen de narcotráfico, cuando la persona ha sido identificada como violenta o miembro de una ganga, cuando el arma de fuego es robada, automática, con silenciador o con número de serie mutilado, cuando sea un delito de tráfico de armas, y un tiroteo de carro a carro que resulte en la muerte de alguien.
Las agencias federales tendrán jurisdicción en los casos de trata humana y explotación sexual de menores.
