Hermes Ayala / MWN
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El revuelo en Estados Unidos por la orden presidencial de Donald Trump en contra de los inmigrantes de varios países del Medio Oriente y África que son identificados con la religión musulmana mantiene en alerta a los grupos que defienden los derechos humanos.
Gremios nacionales de abogados y agrupaciones que velan por las libertades civiles se unieron para convocar una sustancial movilización legal luego de que entrara en efecto el mandato ejecutivo de Trump que suspendiera durante cuatro meses el programa de refugiados y cerrara de forma indefinida la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes.
“A 24 horas de las detenciones en los aeropuertos hay mucho trabajo”, dijo el domingo en entrevista con Metro World News la presidenta del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild, NLG por sus siglas en inglés), Natasha Lycia Ora Bannan, desde la Ciudad de Nueva York.
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Bannan es también miembro de la Red para Justicia al Inmigrante (The Immigrant Justice Network), una alianza que une esfuerzos entre el Proyecto de Defensa para el Inmigrante, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes y el Proyecto Nacional de Inmigración del propio NLG. Desde la década de 1980, estas organizaciones se han dedicado a proteger, defender y expandir los derechos de los no-ciudadanos de Estados Unidos que han sido impactados en este país por la encarcelación masiva y deportación. Vía su página, immigrantjusticenetwork.org, el colectivo de organizaciones atiende casos, ofrece ayuda legal y provee información sobre las leyes de inmigración en los Estados Unidos.
Bannan indicó que desde que comenzaron las detenciones el pasado sábado en los distintos aeropuertos internacionales de Estados Unidos tanto la Red a la que pertenece como el NLG que preside han estado en actividad constante. La Red emitió una convocatoria el mismo sábado a los miembros de su matrícula para que se activaran con respecto a las inconstitucionalidades que pudiera representar la aplicación de la orden de Trump.
“Hemos estado organizando a abogados y abogadas, sobre todo si tienen una práctica que se especializa en inmigración, para atender esto que ha sucedido. La convocatoria a los miembros de nuestra matrícula, en especial si son expertos en inmigración, es para que acudan a los aeropuertos a pedir información sobre si hubo o hay detenidos, a que representen a alguien que esté en necesidad con respecto a esto”, manifestó Bannan, también miembro de la entidad Justicia Latina (Latino Justice, latinojustice.org), que desde 1972 lidia con asuntos de inmigración con los latinos en Estados Unidos.
Al menos, los letrados cuentan con un punto a su favor. La jueza Anne M. Donnelly, del Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, aprobó un interdicto que solicitara de emergencia el sábado la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU, según sus siglas en inglés), en el cual detiene la orden ejecutiva de Trump hasta que se vean los méritos y efectos legales del mandato presidencial.
Con su controvertible orden presidencial, Trump suspende todo el programa de refugiados por cuatro meses.
Asimismo, el mandato reduce a la mitad el cupo de refugiados que había establecido la administración del expresidente Barack Obama y también prohíbe durante 90 días la entrada de la mayor parte de los ciudadanos de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. La ordenanza de Casa Blanca también aparenta suspender a granel visas y tarjetas verdes de la mayoría de inmigrantes y viajeros de los países mencionados en una movida tan confusa que ni siquiera el jefe del gabinete de Trump, Rience Piebus, ha podido explicar bien.
“La orden no afecta a quienes tengan residencia a partir de ahora”, dijo Piebus en vivo al periodista Chuck Todd en el programa Meet The Press, de NBC, en alusión a los ciudadanos de Libia, Somalia, Irán, Irak, Sudán, Yemen y Libia que ya tengan tarjetas verdes o de residencia.
El alto funcionario de Trump, sin embargo, luego indicó que los oficiales de inmigración deberán usar “discreción en su autoridad” para detener e interrogar a sospechosos que provengan de estos países, especialmente si realizan viajes frecuentes. En un email que envió el sábado a la agencia noticiosa Reuters, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Gillian Christensen, confirmó que, en la práctica, Casa Blanca ha ordenado que se bloquee “a los portadores de residencia legal en el país”.
Sin embargo, falta por ver el curso que seguirá el interdicto judicial de la jueza Donnelly, de la corte federal de distrito en Brooklyn. Al cierre de esta edición se desconocía la fecha en la que se verían las cualidades legales del interdicto en un tribunal federal.
“Lo que ha aprobado el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York es un interdicto provisional, una medida cautelar para mantener un estatus quo pues considera que lo reclamos de la parte demandante, en este caso los inmigrantes, tienen altas probabilidades de prosperar. Es una medida de protección igualitaria para los inmigrantes ante un orden presidencial”, analizó el abogado y director del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, William Ramírez, en entrevista con Metro.
Al revisar las expresiones de la jueza Donnelly, Ramírez explicó que “al haber una posibilidad de daños, se sopesa cuál pudiese ser el daño a la parte demandada”. Se entiende con la decisión entonces que “no sobrepasa el daño causado a unos emigrantes que han llegado por necesidad de refugio pues son perseguidos en sus países, por diversas razones”.
“La orden paraliza todo y no puede ser implementada hasta que sea visto el caso en sus méritos. Si la jueza determina en contra de la demanda pues levanta la orden y todo sigue como Trump quiere que siga. Si la demanda prospera y se resuelve a favor de los clientes de la ACLU, pudiera declararse inconstitucional”, apuntó Ramírez.
Bannan indicó que hay mucha confusión pues, aunque entiende que en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York han sido dejados en libertad los detenidos, las organizaciones legales no han podido cerciorarse sobre este dato en el resto de los aeropuertos internacionales de Estados Unidos.
Según dijo Bannan a Metro, uno de los procedimientos que han aconsejado la Red y el NLG a su matrícula ha sido que realicen peticiones de habeas corpus, con las que se le exige al Estado presentar un procedimiento para cualquier persona bajo custodia, estén detenida o ya haya sido detenida y dejada en libertad.
“La Red de Justicia para el Inmigrante se une a numerosas organizaciones, líderes electos y miembros de distintas comunidades alrededor del país para denunciar el espíritu y letra de las acciones propuestas, al igual que las políticas de criminalización masiva que la agenda de Trump enarbola”, dice el NLG en un comunicado de prensa.
“Como organizaciones que trabajan con personas cuyas vidas y familias han sido profundamente afectadas por sistemas de opresión legal y de inmigración, repudiamos estos esfuerzos que enfrentan a comunidades”, explicó el colectivo.
Mientras tanto, manifestaciones en contra de las medidas migratorias de Trump siguen convocándose en todo Estados Unidos. Ayer, domingo, hubo marchas y protestas en ciudades principales de este país, como Washington DC, San Francisco, Dallas y Nueva York, todas consideradas ciudades santuarios para inmigrantes, cuyos fondos federales para asistir refugiados fueron también bloqueados por la ordenanza migratoria de Trump.
