La secretaria-tesorera de la Unión General de Trabajadores (UGT), Myrnalee Lamboy Rivera, mostró el sábado preocupación por falta de información sobre los planes de cierre y privatización mediante Alianzas Público-Privadas (APP’s) de varias instituciones carcelarias.
UGT agrupa a los empleados civiles bajo la Unión Nacional de Empleados Civiles de la Administración y el Departamento de Corrección (UNECADC).
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Para Lamboy Rivera “hay que tener cautela con los traslados del personal civil a otras instituciones carcelarias en áreas geográficas remotas a donde residen, por lo oneroso de los costos de transportación y los inconvenientes que ello puede acarrear, pero más que otra cosa es la preocupación de los traslados a instituciones privatizadas mediante APP’s donde el trabajador perdería derechos laborales y habría reducción de salario al aplicárseles la reforma laboral como empleado nuevo en la empresa privada”.
La dirigente sindical indicó que “es imperativo afinar detalles con el proceso implícito en estos cierres de instituciones carcelarias y traslados de su personal”, y ante esto urgió al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón Suárez, a pautar una reunión urgente con la UGT y su entidad afiliada, la UNECADC.
