El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes solicitudes de información sobre la Junta de Control Fiscal, amparadas en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal.
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Luego de varios meses de realizar las solicitudes por varias vías y de distintas formas, la organización decidió comenzar un proceso abarcador, público y legal, con el apoyo de LatinoJustice PRLDEF y el Center for Constitutional Rights, ambas con sede en Nueva York, quienes representarán al CPI en relación a estas peticiones bajo FOIA.
“El CPI decidió tomar acciones más contundentes para visibilizar sus pedidos, ante la secretividad con la que se ha manejado la Junta de Control Fiscal, incluyendo el proceso de nombrar a los integrantes, y especialmente los documentos sobre conflictos éticos y divulgación de intereses financieros que debieron haber radicado hace meses y no aparecen”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva de la organización.
La solicitud incluye todos los registros disponibles relacionados con la Junta, sin limitarse a los materiales acerca de los siete integrantes de la entidad, así como el representante del gobernador en la misma, respectivamente: José Carrión, Andrew Biggs, Carlos García, Arthur J. González, José Ramón González, Ana Matosantos, David Skeel y Elías Sánchez.
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El CPI además solicitó conocer los criterios usados para evaluar y escoger a los candidatos para la Junta y cómo se determinó que estos criterios eran los más útiles para el desempeño de las funciones de la Junta; detalles sobre el peso dado a cada criterio en la evaluación de cada candidato; registros acerca de qué organismos, entidades o personas participaron en la determinación de los criterios de evaluación; los expedientes presentados por cada candidato para la consideración en su nombramiento, o después de su nombramiento, incluyendo divulgaciones y documentos financieros, formularios o información sobre conflictos de intereses, antecedentes personales y profesionales, declaración de intereses, quiénes fueron recomendados y sus calificaciones profesionales.
El grupo periodístico además requirió los registros sobre cómo se evaluó a cada candidato según los criterios y resultados de sus evaluaciones; conocer qué entidades o personal participaron en el proceso de evaluación para los candidatos a la Junta; cuál fue el trámite para establecer lo que sería la política de conflictos de interés, y quiénes participaron en la evaluación de si existían conflictos de interés.
Igualmente, el CPI pidió saber si se determinaron los conflictos de interés de los candidatos a la Junta y, en caso afirmativo, en qué consistieron y cómo se abordaron, así como los récords sobre la información que se examinó de los antecedentes profesionales y personales de los candidatos a la Junta y por quién.
Por último, la entidad solicitó las comunicaciones, consultas o solicitudes de información, documentos, informes o datos intercambiados entre cualquier miembro de la Junta o su personal y el Departamento del Tesoro o cualquier funcionario de esa u otra agencia o funcionario del gobierno federal sobre el estado de los trabajos de la Junta.
“Los puertorriqueños, ya que no eligieron a los integrantes de la Junta, quieren al menos saber quiénes son y cómo operan estas personas que ahora toman decisiones y diseñan nuestras políticas públicas. La falta de transparencia que evidencia la Junta a seis meses de haber sido nombrada es preocupante, es reprochable y no puede ser tolerada. El rol de la prensa y de la ciudadanía que exija respuestas en esta etapa va a ser fundamental”, dijo Natasha Lycia Ora Bannan, abogada de LatinoJustice PRLDEF.
