Cerca de una veintena de organizaciones que integran la Mesa de Diálogo Sindical rechazaron hoy las instrucciones impartidas por la junta de control fiscal al gobernador Ricardo Rosselló Nevares con el propósito de conjurar el déficit de 7.0 mil millones que acumulará el país en el periodo de 2016 a 2019.
Para el conjunto de gremios, que representan decenas de miles de trabajadores, las medidas que ha presentado el organismo federal creado por la legislación Promesa, que no se sostienen en ningún estudio económico o experiencia real que evidencie su efectividad, hundirán al país en la más absoluta miseria, por lo que convocaron al público a participar hoy la actividad “Crisis y efectos en la clase trabajadora”, a las 6:00 de la tarde en el local de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en la calle Cerra 612 en Santurce.
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La receta propuesta, destacaron, conlleva aumento de los impuestos y recaudos, reducción del ofrecimiento de los servicios esenciales, despidos de trabajadores, eliminación de los subsidios a los municipios, reducción en todos los gastos y la reducción de un número significativo de participantes de la Reforma de Salud, lo que conllevaría un deterioro de los servicios de salud.
Junto a esto, propone restar 300 millones de dólares a los fondos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otro tanto al Departamento de Educación, además de reducir las pensiones de los retirados en un 10%, lo que a juicio de los sindicatos conllevaría la muerte del paciente en vez de su recuperación, como pretende hacer creer la junta de control fiscal (JCF) de siete miembros.
“Esta segunda misiva de la JCF resulta más tóxica para el país que la primera que dio lugar a la extensa legislación que hoy se considera en el Capitolio y en la cual se eliminan derechos y beneficios de los trabajadores mediante unas leyes que se ha evidenciado condenan al caos el servicio público y deterioraron las condiciones de trabajo y de vida a la familia de la clase trabajadora”, según la Mesa de Diálogo Sindical.
En su opinión, la insensibilidad de la junta, el aislamiento de sus miembros de la realidad que afecta al pueblo puertorriqueño en la última década, los lleva a la adopción de medidas que tendrán como único resultado sumir al país en niveles de pobreza nunca experimentados por el pueblo en más de medio siglo.
“Jamás la avaricia financiera de la clase empresarial había sido evidenciada con tanta claridad como en las medidas que le han sido dictadas al gobernador en la carta del 18 de enero de 2017 por los integrantes de la JCF”, subraya la declaración conjunta de los sindicatos al rechazar las medidas.
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El portavoz de la Mesa de Diálogo sindical, José Rodríguez Vélez, afirmó que al organismo federal no le importa “las nefastas consecuencias que pueda tener para el pueblo puertorriqueño” al ordenar el deteriorar del sistema educativo, el ofrecimiento de servicios, incluidos los de salud, y el empobrecimiento de la clase trabajadora y de los jubilados.
“Enérgicamente rechazamos todas y cada una de las medidas impuestas por la JCF; la auditoria a la deuda, su reestructuración y pago, no pueden estar sujetas al sufrimiento del pueblo puertorriqueño”, dijo Rodríguez Vélez, presidente del Movimiento Solidario Sindical.
El gremialista consideró que la deuda “debe ser asumida con responsabilidad y sensibilidad, sin penalizar a nuestro pueblo por los desaciertos de su clase política”.
“La crisis creada por los industriales, los patronos y el mal gobierno debe ser pagada por estos mismos, no debe recaer sobre la clase trabajadora y el pueblo en general”, insistió Rodríguez Vélez.
