El representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, dijo el miércoles que continúa el esfuerzo de poder identificar lo que serán los servicios esenciales que el gobierno establecerá como prioridad en el marco de la nueva Ley de Moratoria.
“Servicios esenciales, no es fácil definir. Porque, por ejemplo, dentro del renglón de seguridad hay gastos que no necesariamente son esenciales”, dijo Sánchez durante una mesa informativa en la que habló sobre los alcances de lo que denominó como la “Ley de Cumplimiento”.
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La definición de lo que serán los servicios esenciales se presentará en el plan fiscal que el Gobierno de Puerto Rico debe someter a la JCF. Al momento, la entidad creada bajo la Ley federal PROMESA no ha determinado si accede o no a ampliar el tiempo para presentar el plan fiscal y si dará su visto bueno a extender la moratoria en los litigios.
“El ejercicio que va a hacer la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico es escudriñar con mayor detenimiento, inicialmente, las agencias grandes de gobierno, que componen casi el 80 por ciento del gasto. Para hacer un ejercicio de identificar todas las funciones y ver que se puede catalogar como esencial e inherente, para que esa agencia pueda brindar el servicio”, mencionó.
En síntesis, la medida, que debería aprobar la Legislatura en o antes del sábado, le da la facultad al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), de ordenar a las agencias, corporaciones públicas y/o entidades jurídicas- en tanto y cuanto la ley lo permita- destinar los fondos que deben lograr a través de ahorros, a lo que se denominó como un ‘lockbox’ o una cuenta especial, que se utilizará para el pago de los servicios esenciales. Luego de pagados los servicios esenciales, todo el dinero disponible que el gobierno logre a través de recortes, eficiencias, reorganización gubernamental o venta de activos, irá destinado al pago a los acreedores, una vez se logre un acuerdo con los acreedores.
“El objetivo es lograr un acuerdo fuera de los tribunales”, expresó.
La medida permite además al gobernador y a AAFAF nombrar síndicos, auditores y/o contralores en todas las dependencias públicas que se entienda no están en cumplimiento con las órdenes ejecutivas que obligan al ahorro.
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La moratoria estaría en vigor hasta tanto esté vigente la moratoria de PROMESA.
“Esto marca un cambio en la política pública del impago a una política pública de cumplimiento. En la medida en que se cumplan con los servicios esenciales y se pueda ir destinando al pago de la deuda”, sentenció Sánchez.
Con esta ley, Sánchez entiende establecerán el marco para la negociación de buena fe con los acreedores.
“Hay una realidad y es que dado los impagos que la administración viene arrastrando, comenzando desde julio del año pasado, de ser líquido y exigible mañana, el gobierno no puede pagar la totalidad de lo que son los impagos que vienen arrastrando, que ronda en los mil trescientos millones”, señaló.
La llamada Ley de Cumplimiento deroga varias disposiciones de la Ley de Moratoria aprobada por la administración de Alejandro García Padilla. Además, según Sánchez, se cambia la política pública del Gobierno de Puerto Rico “porque nunca en la historia de Puerto Rico, debió haber existido una Ley de Moratoria.
