El debate por el tema de la separación de la Iglesia y el Estado no es nuevo en Puerto Rico y constantemente sale a la luz su discusión en el foro público. En esta ocasión, organizaciones pro comunidades lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT) denunciaron la contratación en la Legislatura de dos líderes religiosos.
El pastor Ricky Rosado será quien dirigirá la Oficina de Base de Fe en la Legislatura, mientras que el sacerdote Carlos Pérez estará asesorando a la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes que preside la representante María Milagros Charbonier. Dichas acciones levantaron nuevamente el debate entre la comunidad y el Gobierno de turno.
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Sin embargo, el abogado constitucionalista Carlos Ramos precisó que el factor de la práctica religiosa de los contratados no los impide de participar en el trabajo en el sector público y que tampoco el Estado puede ser “hostil” de no considerarlos para las labores. No obstante, recordó que ambos tienen un reto de validar sus credenciales al respetar la diversidad. “Si alguno viniera con la encomienda de que por sus creencias religiosas traten de forzarlas, imponerlas o adelantarlas a través de la estructura del Estado, en efecto, se acercan momentos muy complicados para los derechos constitucionales, incluyendo la libertad de culto de los creyentes, de los no creyentes, de los no fundamentalistas y, por supuesto, de la separación de Iglesia y Estado”, puntualizó el licenciado Ramos.
De otro lado, el comunicador y sacerdote Orlando Lugo aseguró que ambos realizarán un trabajo excepcional en el que tomarán en cuenta a todos los grupos sociales. “El hecho de que estos dos hermanos nuestros colaboren en el desarrollo social del país es el reflejo de un estilo de gobernanza en el que todos somos tratados con respeto y del que todos debemos tomar parte activa”, sostuvo el padre Lugo. Igualmente, recomendó a que no se juzgue el trabajo antes de que rindan frutos. “Júzgenlos por lo que harán y no por lo que creen que van a hacer”, alertó.
Pero las organizaciones en sintonía con la comunidad LGBT no vio con buenos ojos las movidas en la Casa de las Leyes aludiendo a que las contrataciones responden a un pago de favores políticos.
La directora de la organización Proyecto Matria, Amárilis Pagán, sentenció que “en un Estado laico —como se supone que sea Puerto Rico— no hay cabida para oficinas que privilegien ideas y posturas religiosas.
De otra parte, el licenciado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, expresó que los contratados “son enemigos de la equidad y la justicia” porque han sido figuras “que se han dedicado a perseguir y atacar defensores de derechos humanos”.
La representante Charbonier defendió las acciones legislativas indicando, a través de su red social en Twitter, que “cuando contrato a alguien en mi oficina, ni le preguntó si es homosexual o lesbiana, como tampoco le preguntó a qué religión pertenece”. “Su evidencia académica y trayectoria es lo único que me interesa y si eso puede ayudarme a adelantar el trabajo que le encomendaré”, agregó la legisladora en otro mensaje.
