El exgobernador, Carlos Romero Barceló y el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez propusieron algunas enmiendas al Proyecto del Senado 51 que propone establecer la ‘Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico’.
Según se informó en un comunicado, entre las medidas que presentó el exmandatario están realizar un plebiscito de estatus con alternativas no coloniales y no territoriales el 4 de junio de 2017 y no a finales del próximo mayo y solicitar al gobierno federal que actúe de forma inmediata para comenzar un proceso de transición que culmine el estado colonial con un calendario específico a más tardar en noviembre de 2020.
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La medida también fue favorecida con enmiendas por Berríos Martínez porque “no podemos dejar pasar esta oportunidad”, por lo que sometió enmiendas para ser consideradas por la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas.
Aunque Romero Barceló sugirió que se atrase la fecha del plebiscito, Berríos Martínez señaló que las fechas propuestas “no deben servir de impedimento para alcanzar acuerdos consensuados y la debida participación”.
Romero Barceló sentenció que se debe solicitar al Congreso “que actúe con rapidez y que se apruebe el proceso legislativo se lleve a cabo por el sistema que se denomina ‘fast track’. Después de 100 años de habernos privado de nuestro derecho al voto y de representación en el Congreso nuestra nación, cuatro años para aprobar el proceso de admisión y hacerlo realidad es más que razonable”.
La medida actualmente establece que, una vez se lleve a cabo el plebiscito, el gobierno federal debe comenzar el proceso de transición con un calendario que no exceda el 31 de diciembre de 2024.
Por su parte, el exsenador Berríos Martínez sentenció que ninguna forma de coloniaje “puede ser considerada como alternativa y de agrupar inicialmente a la independencia y la libre asociación como las dos modalidades de lo que con propiedad debe titularse ‘soberanía propia o soberanía nacional puertorriqueña’. Basta ya de ambivalencias”. Por tanto, solicitó que la independencia o la libre asociación sean agrupadas como fórmulas de soberanía nacional puertorriqueña. Sin embargo, subrayó que el término ‘libre asociación’ debe ser lo “más flexible e inclusivo posible” para que quienes defienden esta opción estén representados.
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Otra de las enmiendas sometidas por el PIP es que en el proceso de descolonización no se consulte la opinión del Secretario de Justicia federal porque si hasta el momento Puerto Rico es una colonia “ha sido por voluntad de Estados Unidos”. Por esta razón, indicó que existe “la posibilidad” de que al ser consultado sobre este plebiscito indique que deba incluirse las alternativas territoriales que proponga el Estado Libre Asociado (ELA).
Otro de los deponentes, el exsenador popular Marco Rigau, favoreció la ‘libre asociación’ aunque admitió que puede vivir con la independencia o con la estadidad. Rigau dijo que la postura del Partido Popular Democrático (PPD) de defender la colonia “es inaceptable. Mi opinión es que la libre asociación es lo que va a quedar”.
Este punto fue objetado por el expresidente del Senado, Antonio Fas Alzamora quien resumió el ‘Pacto de Asociación’ que presentó al País en el 2010. “Estoy convencido de que este Pacto de Asociación representa la solución más completa, sensata y viable al problema político y económico del País”, dijo.
Aunque los exgobernadores populares, Aníbal Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla y Rafael Hernández Colón expresaron sus reparos con la medida, en la tarde el exrepresentante Héctor Ferrer presentó formalmente la opinión del PPD.
Según Ferrer Ríos, el plebiscito propuesto es “anti-democrático porque no permite participar a todas las alternativas que han reconocido los diversos informes emitidos por los grupos de trabajo de la Casa Blanca, el Congreso y por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidos (ONU)”. Opinó que el PPD está convencido como institución que se repetirán los “errores” de los plebiscitos celebrados en el 1998 y el 2012.
La audiencia pública duró 10 horas corridas. Comenzó a las 9:00 de la mañana y culminó a las 6:50 de la tarde.
