El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, dijo el sábado que la gran parte de las disposiciones de la recién aprobada reforma laboral no son prospectivas, por lo que entrarán en vigor inmediatamente luego de que el gobernador firme el referido estatuto.
“Contrario a lo que el actual Gobierno quiere proyectar, el proyecto de reforma laboral no es prospectivo, es importante aclarar eso al país y a la clase trabajadora. Que sepan los y las trabajadoras que la ley se refiere a empleo nuevo únicamente en unas áreas por lo que el menoscabo de los derechos de los empleados de la empresa privada aplica de inmediato una vez entre en vigor la ley”, sentenció el legislador en declaraciones escritas.
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Añadió que los empleados de la empresa privada están en una posición de mayor debilidad en comparación a los del Gobierno toda vez que el 95 por ciento de éstos sólo cuentan con las garantías en ley que se esfumarán una vez rija la denominada “Ley para la transformación y flexibilidad laboral en Puerto Rico” (Proyecto 453).
Sobre el Proyecto 451, que entre otras cosas extiende la vigencia de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, congela el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, limita las negociaciones de disposiciones económicas de los convenios colectivos y otorga control gubernamental absoluto sobre las juntas de gobierno, el Representante Márquez expresó que “el Partido Popular dio nacimiento al menoscabo de los derechos de los trabajadores públicos con la Ley 66 y mediante esta medida el PNP se auto adjudica la patria potestad y custodia para continuar arrebatando protecciones y beneficios a los empleados gubernamentales” expresó el Portavoz del PIP en la Cámara.
Márquez mencionó que el Proyecto 451 copia textualmente partes de la Ley 66 y llamó la atención al artículo 6 el cual, indicó, deja sin efecto todos los convenios colectivos, leyes, reglamentos y cualquier aumento de sueldo con el agravante de que no toma en consideración el aumento en el costo de vida lo que redundará en una reducción en la capacidad de adquisición de bienes y servicios de los que ejercen el empleo público.
“Estoy seguro que ambos proyectos (451 y 453) son el preámbulo del proyecto que vendrá próximamente para establecer el empleador único”, añadió Márquez.
Sobre el tercer proyecto que atendió la Cámara de Representantes, el número 211, y que otorgaría mayores poderes a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para que se asegure de que las entidades del gobierno cumplan con la ley federal Promesa, Márquez lo describió como cónsono con la política pública del actual Gobierno de allanarse dócilmente a las exigencias y requerimientos de la Junta de Control Fiscal.
“Han abandonado al pueblo, incluso a los miles de electores que eligieron al actual Gobierno, para irse del lado de los que se pasean por las ocho cuadras de Wall Street”, puntualizó.
