Foto: Dennis A. Jones / Metro PR
La Cámara de Representantes aprobó el sábado a viva voz y en votación final los proyectos de Reforma Laboral, las enmiendas a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico.
PUBLICIDAD
El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Ángel Peña Ramírez, inició el debate sobre la propuesta Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Proyecto de la Cámara 453), insistiendo que la medida persigue la creación de nuevos empleos, y mejora la conectividad del país para atraer mayor inversión. Observó que todos los ajustes a los derechos de los empleados son de aplicación prospectiva, por lo que no se afectan los empleados actuales. Según el legislador el estatuto intenta frenar el problema de migración y la continua contracción económica que afronta la Isla.
Según Peña Ramírez, el Proyecto 453 fue “mejorado” al incluir enmiendas como la eliminación del tope a las reclamaciones por un incumplimiento de un acuerdo o empleo verbal, se eliminó la limitación de días y religiones a los que los empleados podían ejercer su derecho al culto religioso, se incluyó un nuevo artículo para garantizar la aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos, se establece obligación al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para someter informes periódicos cada doce meses a la Legislatura sobre la aplicación de la Ley, reafirma que la aplicación del “Flexitime” es una decisión voluntaria de los empleados, establece como una “práctica ilegal” si un patrono despide o suspende indefinidamente a un empleado con el fin de contratarlo nuevamente o sustituirlo con un empleado nuevo para sacar ventaja a las nuevas disposiciones de la Ley sobre la acumulación de días de vacaciones o enfermedad, se redujo a un año el tiempo que un patrono puede pagarle solo el 50% del bono a sus empleados nuevos, se bajó a 12 meses el periodo probatorio, entre otros.
El representante penepé, José Aponte Hernández, fue enfático que la medida de administración es de aplicación prospectiva no como las reformas que se hicieron a los planes de pensiones gubernamentales que hizo el gobierno de Alejandro García Padilla. Añadió que con la propuesta buscan devolver la credibilidad en la Isla.
Tanto los representantes penepé María Milagros Charbonier como José Luis Rivera Guerra, justificaron la aprobación de la medida planteando las alegadas consecuencias adversas que tuvieron las decisiones de la pasada administración.
Rivera Guerra expresó que buscan que Puerto Rico ofrezca un ambiente laboral más “dinámico y competitivo”, para atender el problema de la migración de ciudadanos a otras jurisdicciones de Estados Unidos.
PUBLICIDAD
En contraposición una de las voces más vocales fue la del representante popular Manuel Natal Arvelo, quien enfatizó que ni en el Proyecto ni en los memoriales explicativos de las agencias ni en el informe de la Comisión se indica cuántos empleos se van a generar a raíz de dicho estatuto que elimina derechos a los trabajadores.
“No pueden dar un número porque la legislación no va a crear ningún empleo”, puntualizó Natal Arvelo.
Natal Arvelo, aquilató que Suiza es el país más competitivo en el mundo y tiene legislaciones laborales más proteccionistas que las de Puerto Rico.
“Así que no existe correlación ninguna entre lo que ustedes plantean que hace la medida y lo que esboza este proyecto”, determinó Natal Arvelo.
Para Natal Arvelo, la medida lo que va es a profundizar el problema de la pobreza y la desigualdad económica en el país.
Mientras tanto, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, manifestó que el Proyecto 453 menoscaba el derecho de los empleados de la empresa privada y el Proyecto 451 atenta contra los derechos de los servidores públicos.
“Esta ley deja sin efecto convenios colectivos, deja sin efecto reglamentos, deja sin efecto cualquier aumento de sueldo a los empleados públicos, pero no deja sin efecto aumentos en el costo de la vida, porque según pasan los años aumenta el costo de la vida y reduce la capacidad de adquisición de bienes y servicios”, sentenció Márquez sobre la propuesta Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico (Proyecto de la Cámara 451).
Márquez añadió que en un escenario peor quedan los empleados de la empresa privada con el Proyecto de la Cámara 453, porque al menos la mayoría de los empleados públicos tienen representación en las uniones laboral.
De otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, dijo durante la discusión del Proyecto de la Cámara 451, que la nueva administración le ha tocado afrontar un escenario fiscal más complicado que lo que tuvieron los exgobernadores Alejandro García Padilla y Luis Fortuño. Ante esto reiteró sobre la necesidad de recortar gastos en el gobierno, por lo que expuso que el Proyecto incluye las dos órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En otros aspectos, Soto, destacó que le recomendó a García Padilla extender el arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas por un periodo de 10 años, pero que este le dijo que, aunque lo veía con buenos ojos se les haría difícil lograrlo políticamente hablando. Abundó que la propuesta incluida en el Proyecto se ha logrado con el conceso del sector, lo que permite estabilizar los ingresos de fisco de cara al plan fiscal.
También Soto indicó que en el Proyecto de la Cámara 451 se sometieron enmiendas para garantizar que no se toquen las reservas de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de. Puerto Rico (COSSEC).
De acuerdo al representante Jesús Santa, el Proyecto de la Cámara 451 incluyen aspectos parecidos a la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley 7) y de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 66). Sin embargo, apuntó que la medida no asegura que las agencias logren ahorros ni evita los despidos de empleados.
Finalmente, sobre el Proyecto del Senado 211, Márquez, condenó que se lleve a votación dicha medida sin vistas públicas, y que a su entender busca satisfacer los requerimientos de la Junta de Control Fiscal. La medida le da mayores poderes a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), lo que le ha levantado preocupación en torno al impacto a la Universidad de Puerto Rico.
En su caso, el representante Luis Vega Ramos, opinó que los legisladores de mayoría están cediendo sus poderes para que una “juntita le haga el trabajo sucio a la juntota”.
“¿Ustedes no quieren trabajar que van a entregar los poderes a unas personas que nadie conoce y nadie eligió?”, les reclamó Vega Ramos.
En términos parecidos se mostró el representante Javier Aponte Dalmau, quien destacó que ya de por sí la Junta equivale un gasto para el gobierno, a la que se le sumaria $20 millones adicionales con la operación de la AAFAF.
