Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Michael Abid Quiñones Irizarry y Joel Franqui Atiles, radicaron una medida que congelaría por un término diez años la evaluación y concesión de bonos de productividad en las agencias, corporaciones o instrumentalidades públicas.
“Puerto Rico atraviesa por uno de sus peores momentos en la historia, con una alta tasa de desempleo, una contracción económica sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y una inmigración forzada que puede dejarnos sin la capacidad de recuperación económica en la próxima década. Ante este cuadro desolador, propiciado por las malas decisiones de la pasada administración, se hace imperativo tomar medidas de austeridad. Una de esas iniciativas es la congelación de los bonos de productividad en el gobierno, por eso sometimos esta medida”, comentó Quiñones Irizarry.
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Se trata del Proyecto de la Cámara 545, el cual enmienda enmendar el Artículo 2 de la Ley 66-2013, a los fines de establecer que la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) del gobierno suspenderá toda evaluación de bonos de productividad hasta el 2027.
La Ley 66-2013 prohíbe taxativamente la otorgación de “bonos de productividad” o análogos a los funcionarios de los Organismos Gubernamentales y dispone que estos solo puedan recibir el bono de Navidad hasta el límite de la cuantía legal.
En cuanto a los empleados, la Ley 66-2013 establece que la concesión de bonos de productividad a estos, estará sujeta a autorización por parte de la OCALARH, las normas de otorgación correspondiente, junto con la certificación de disponibilidad de fondos y los periodos y términos considerados para la concesión de tal bono.
La ley Núm. 66-2013 definió bono de productividad como “[t]oda remuneración pagada a funcionarios o empleado público, fijada por acuerdo contractual cuyo cálculo depende de las ganancias netas o brutas, superávit o excedentes en efectivo de la Agencia, corporación o instrumentalizad publica; incluirá también cualquier bonificación. Mediante Orden o Resolución por concepto de ejecutorias, méritos, calidad o grado de predicción”.
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“La concesión de bonificaciones anuales o al finalizar la incumbencia de altos funcionarios gubernamentales en “reconocimiento a sus ejecutorias”, es algo común. Frecuentemente, tales bonificaciones ascienden hasta seis meses de sueldo anual del funcionario. Tan grande es el monto de muchas de estas bonificaciones que una de ellas bastaría para cubrir el salario anual de varios maestros, policías y otros empleados públicos. A pesar de la crítica condición financiera de algunas corporaciones públicas, hemos visto que en demasiadas ocasiones los salarios, beneficios y bonificaciones concedidas, no son cónsonos con la precaria situación del Gobierno de Puerto Rico. Por eso estamos impulsando la aprobación de esta medida de control de gastos que le ahorraría al pueblo millones de dólares”, añadió Franqui Atiles.
Ambos legisladores aseguraron que se hace meritorio tomar medidas que solventen la salud financiera del Gobierno. Por ende, la intención legislativa es suspender toda evaluación y concesión de bonos de productividad por un periodo de 10 años.
