La convocatoria repentina ayer en la tarde de la primera vista pública para atender la medida de reforma laboral levantó la suspicacia de legisladores de la minoría y de grupos sindicales interesados en ser parte del proceso.
En la tarde de ayer la Cámara de Representantes convocó a una vista pública de más de cuatro horas a la Coalición del Sector Privado, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, y al secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra, para discutir el Proyecto de la Cámara 453, pieza que establece la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. La medida se espera que vea hoy, viernes para votación en la Cámara baja.
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El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal, estableció que se está trabajando en la legislatura “a ciegas”, pues unos cambios en el reglamento legislativo permite las convocatorios expeditas y no obliga a una previa comunicación de calendarios o comunicaciones de los trabajos.
“Lo primero es que la vista pública de citarla de hoy para hoy, no solamente atenta contra los derechos de los legisladores de minoría, sino que atenta contra los legisladores de mayoría y contra la calidad final del trabajo legislativo porque no se le permite a los legisladores leerse los proyectos, leer las distintas impresiones del mismo y prepararse para las vistas”, explicó Natal en entrevista con Metro en la Casa de las Leyes.
Además, de los invitados a la vista consideró que se priorizó un sector sobre otro, pues al no haber previo aviso se excluyó de la participación al sector sindical y a otros grupos. “Lo menos que espero es que, como se hizo una vista pública, se haga otra para escuchar las otras partes”, manifestó el representante Popular.
Sobre la medida consideró que “no hay una correlación entre restarle derechos a los trabajadores y la creación de empleos”.
En su intervención en la vista pública, Natal resaltó que, según el World Economic Forum, Puerto Rico está en el número 32 en la lista del índice de competitividad, estando en el lugar número uno Suiza, país con mayores protecciones laborales, menor tasa de desempleo y mayor tasa de participación laboral y sindical.
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Por su parte, el presidente de la Unión Internacional de Empleados de Oficina y Profesionales (OPEIU), Iram Ramírez, quien también resaltó la data reseñada por el representante Natal, aseveró que el proyecto a considerarse de manera acelerada es “anti jóvenes” y “afecta a la gente” porque reduce derechos laborales.
Según señaló Ramírez el sector que defiende a los trabajadores no fue avisado ni considerado a pesar de querer ser parte del proceso de la vista pública.
“El proyecto no tiene tan siquiera una validación científica”, planteó Ramírez al tiempo que dijo que no se evidencia ni se propone cuántos empleos realmente se van a crear y su impacto con la aprobación de esta legislación.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes, Ángel Peña, indicó ante preguntas de este diario que se estarían trabajando en algunas enmiendas en respuesta a inquietudes llevadas a su consideración.
“Un periodo probatorio de 18 meses para un empleado es un tiempo muy prolongado para poder tener acceso a la seguridad de empleo. Estaríamos velando las salvaguardas Constitucionales para que el trabajador pueda asistir al servicio religioso para que cumpla con la división Iglesia y Estado”, explicó Peña sobre algunos de los cambios a plantearse en la sesión legislativa.
Peña dijo que “por cuestión de logística” no se invitó al sector sindical y planteó que probablemente se convoquen a otras vistas públicas. Igualmente, defendió la pieza del Ejecutivo enfatizando que este proyecto atemperaría disposiciones laborales para “aliviar” a las empresas y puedan generar empleos en la Isla.
