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San Sebastián invierte $5.5 millones en Centro de Bellas Artes que no ha usado

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.

La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades sobre las compras y los desembolsos, la propiedad, las demandas, las recaudaciones, las obras y mejoras permanentes del municipio de San Sebastián.

El informe contiene hallazgos que revelan, entre otras cosas, que se invirtieron de junio de 1996 a noviembre de 2014 un total de 5.5 millones para la construcción y habilitación de un Centro de Bellas Artes que no ha podido utilizarse debido a deficiencias y vicios de construcción.

La auditoría cita la evaluación de una firma de ingenieros que califica el edificio como una “ruina funcional”, según la guía sobre los tipos de ruina que define el Tribunal Supremo.

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Una ruina funcional es aquella en la cual los vicios “exceden las medidas de las imperfecciones que cabe esperar razonablemente en una construcción”.

Los auditores de la Contraloría identificaron también que el municipio mantenía clasificados como transitorios a 46 empleados que en realidad llevaban de uno hasta 17 años en puestos realizando las mismas labores para los cuales fueron contratados.

Esta situación es contraria al Reglamento de Personal del Municipio (2006) y a la Ley 81 de 1991.

Otro de los hallazgos revela que se adquirió un servicio de mecánica por 32,888 sin la debida requisición por escrito del jefe de la dependencia que solicitó el servicio.

Además, las tablillas de 92 vehículos decomisados no se habían devuelto al Departamento de Transportación y Obras Públicas como dispone la ley 22-2000.

La auditoría señala deficiencias con las recaudaciones en las instalaciones recreativas Canopy y Rock Climbing y la falta de fiscalización por parte de la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal. La comisión no evaluó del 2013 al 2015 nueve informes de auditoría que había emitido la Unidad de Auditoría Interna.

Además, se indica que al 31 de diciembre de 2015 seguían pendientes de resolución en los tribunales cuatro demandas por 900,586 dólares.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015.

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