En una sociedad que se precia de que su libertad de prensa es de rango constitucional, el debate sobre el acceso a la información vuelve a encenderse con la orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló, que instruye al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, a trabajar legislación sobre el acceso a documentos públicos que emule el Freedom of Information Act (FOIA) de Estados Unidos.
De inmediato, gremios periodísticos y analistas de medios urgieron apertura en un proceso que advierten no puede desembocar en más burocracia para acceder a la información del Estado. Incluso, salió a relucir que el senador independentista, Juan Dalmau, también trabaja una medida de acceso a información pública.
En La Fortaleza, una solicitud de entrevista al secretario de Asuntos Públicos, quien tiene en sus manos la encomienda de trabajar con la medida sobre transparencia y acceso, no prosperó. La Oficina de Prensa de la Mansión Ejecutiva indicó que Rosario estaba muy ocupado para atender a Metro ayer y que estaría disponible hoy en una sesión informativa.
El gobernador Rosselló hizo pública la orden ejecutiva el martes en la noche. En un video aseguró que su intención es “propiciar la transparencia y el flujo de información hacia el pueblo de Puerto Rico”. Precisamente, el cuatrienio pasado, la Legislatura colgó la propuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública que contaba con el endoso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y otras organizaciones, así como con la oposición de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC). En los 90, bajo la presidencia de Charlie Rodríguez, el Senado intentó pasar una versión criolla del FOIA, pero también se estrelló con la oposición de los gremios de prensa.
Casi 20 años más tarde, la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto —quien en aquel entonces presidía el OPC— dice que favorece un FOIA, pero que esto no puede traducirse en más burocracia para acceder a la información. Rodríguez Cotto opinó que los medios, las dos asociaciones de prensa y la Asociación de Relacionistas Profesionales deben involucrarse en la redacción y discusión de la medida comisionada a Rosario. “De entrada, lo veo positivo, pero pienso que debemos estar ahí en el proceso para que no se convierta en crear una burocracia adicional que no era necesaria. […] Hay que darle el espacio a Ramón (Rosario), quien es uno de los mejores abogados que hay en este país, pero de ahí a que sepa de periodismo, de las necesidades del periodista y de las responsabilidades de los relacionistas hay un gran paso”, afirmó.
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¿Tenemos un gobierno de tontos?
Mientras tanto, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, dijo que no se debe descartar la medida que se intentó aprobar el pasado cuatrienio. “El CPI favorece la iniciativa de una ley de transparencia y acceso a la información para Puerto Rico, pero hay que dar el espacio para que se elabore la misma y podamos estudiarla. No se debe descartar por completo el esfuerzo y la legislación que promovimos el año pasado, porque tiene el apoyo de organizaciones comunitarias y periodistas y porque recoge los principios de transparencia y acceso a la información aceptados internacionalmente”, sostuvo. Agregó que la ley FOIA no es el mejor modelo porque, en el ámbito federal, no se reconoce el derecho al acceso a la información como uno constitucional.
En el OPC esperaban por una reunión de su junta de directores para evaluar la orden. Aun así, su presidente electo, Ángel Rodríguez, destacó que ellos no se oponen a la transparencia, pero sí deben mirar con cuidado que se pretenda controlar información que ya es pública. “Solemos mirar con suspicacia aquello que entendamos que pueda ejercer un control sobre la información”, dijo el periodista, quien vio con buenos ojos que en el comunicado de prensa de La Fortaleza se anticipó que se daría participación a un amplio sector de la prensa en el desarrollo de la legislación. Sin embargo, le creó suspicacia un inciso de la orden ejecutiva que establece que dentro de las funciones de la Secretaría de Asuntos Públicos y Política Pública está “divulgar, con previa autorización del gobernador, cualquier documento oficial, informe, legislación o de cualquier otro tipo que sea de carácter público”. En ese punto, coincidió el presidente de la ASPPRO, Juan Hernández, aunque le dio la bienvenida a “una discusión abierta e inclusiva para crear herramientas que den paso a una mayor transparencia y eficiencia gubernamental en la divulgación de la información pública”. Apuntó a que “la información pública no debe ser controlada”.
Por su parte, el senador Dalmau dijo que no conoce los detalles del proyecto que impulsará La Fortaleza, pero que él está próximo a radicar una medida que va más allá de los periodistas, pues busca que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública. Sin entrar en mayores detalles, el legislador independentista afirmó que en su medida hay una presunción de documento público a todos aquellos documentos que manejan las agencias gubernamentales. “Le corresponde al Estado justificar en los tribunales por qué niega acceso a la información”, agregó Dalmau.
Para el analista de noticias Luis Dávila Colón, la medida de La Fortaleza podría encontrar terreno fértil si en su discusión se incluyen a los clubes de prensa y a los medios, y si no se crea burocracia ni una estructura alta de costos. Dávila Colón recordó que, en el intento de los 90, los medios tenían poder económico para litigar el acceso a los documentos públicos, situación que no es igual en la actualidad. “El Gobierno pasado, todo lo bloqueaba”, afirmó, al agregar que en la crisis económica de los medios no había recursos para litigar acceso a documentos públicos. Opinó que solo los memos o documentos de trabajo en progreso, las planillas de contribución sobre ingreso y expedientes de menores deben considerarse como excepciones a lo que es un documento público. A su juicio, el proyecto del cuatrienio pasado tropezó porque “ponía unas cortapisas procesales violentas”.
“Mi primer impulso es hacia el escepticismo. Me preocupa que esta medida sea un entretenimiento más, un asunto que divida o desenfoque a la prensa en una coyuntura en la que están ocurriendo cosas trascendentales como consecuencia de la Ley PROMESA y el gobierno de la Junta de Control Fiscal. Sería lamentable que el Gobierno frivolizara con la transparencia y el acceso a la información, porque son conceptos simpáticos. Ojalá que me equivoque y que esta orden ejecutiva se transforme en una genuina herramienta de acceso a la información y que promueva una verdadera cultura de transparencia. Hay referentes interesantes no solo en Estados Unidos, sino en Europa y América Latina, que se podrían estudiar. Además, aquí hubo una propuesta del Centro de Periodismo Investigativo que, más allá del debate amargo que generó en el gremio periodístico, también puede ser revisada. Lo importante es que la conversación sea franca, amplia y honesta, y que los comunicadores profesionales logren llegar a acuerdos en aras de una mejor democracia y del cumplimiento cabal de su rol social. Finalmente, creo que todos debemos estar alertas. La denominada Oficina de Asuntos Públicos y Prensa no puede ser una coartada para más ejercicios encubiertos de centralización del discurso público y la información. No olvidemos los tiempos en que Alberto Goachet estaba a cargo de todo el andamiaje comunicativo de Pedro Rosselló en la década del noventa”. – Dr. Mario Roche / Catedrático de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico.. Comparte: