Gobierno pide más tiempo a la Junta para entregar plan fiscal

El representante gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Elías Sánchez, solicitó al ente federal que extiendan el periodo para entregar el plan fiscal y que posterguen la fecha de expiración de la moratoria.

Sánchez, quien aseguró que varias de las políticas públicas que estaría impulsando administración de Ricardo Rosselló están alineada con la JCF, envió una misiva a la JCF como respuesta a la comunicación emitida por estos el pasado 20 de diciembre.

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En la comunicación el representante les notifica que la administración entrante “está en proceso de establecer un equipo de trabajo que junto con un equipo externo de asesoría financiera y jurídica estratégica durante la primera semana de administración para que trabajen en un plan fiscal”.

El plan que estarían trabajando sería bajo un escenario que asegure el pago de los servicios esenciales y el pago a los retirados. Ahora bien, el funcionario explicó que necesitarán más tiempo para elaborar el documento ya que el gobernador asumió las riendas del país el 2 de enero. “La nueva administración solicita respetuosamente a la Junta extender su fecha límite del 31 de enero de 2017 para presentar un plan fiscal certificable por al menos 45 días, sujeto a otras extensiones razonables que sean necesarias bajo las circunstancias”, expone el documento.

Del mismo modo, solicitó que la moratoria, que vence el 15 de febrero se extienda hasta el 1ro de mayo. “Esta extensión se justifica dado que el último conjunto de estados financieros auditados fue para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2014; la información financiera que resuelva graves lagunas presupuestarias todavía no se ha completado para la finalización de un plan fiscal”, aseguró Sánchez.

En la comunicación del 20 de diciembre los siete miembros del ente federal delinearon qué debe tener el plan fiscal para que sea aprobado. “El Gobierno tendría que reducir los gastos, aumentar los ingresos o ambos para cerrar un déficit presupuestario promedio anual de $ 7 mil millones anuales para cumplir con sus obligaciones legales actuales”, detallan en la comunicación.