Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), encabezado por el entrante presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge ‘Georgie’ Navarro, el cual incluye a José Alberto Banchs y Néstor Alonzo, anunciaron el miércoles la radicación de un paquete de Resoluciones de Investigación dirigidas a fijar responsabilidad por lo que llamaron “el descalabro fiscal y económico” de la pasada administración de Alejandro García Padilla.
“Estas son las primeras de varias medidas legislativas dirigidas a investigar lo que aseguró son toda una serie de transacciones turbias y gastos excesivos e injustificados de parte de la pasada administración que requieren ser investigados profundamente”, dijo Navarro en conferencia de prensa.
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Según Navarro, sus resoluciones procuran investigar el supuesto alza de salario y reembolsos de gastos de los directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el alcance real de lo gastado por la AEE en los contratos de la oficial de reestructuración fiscal y operacional, Lisa Donahue, y los otros bufetes y asesores que ésta ha recomendado, los procesos seguidos por la Compañía de Turismo en cuanto al contrato otorgado con fines publicitarios al Sevilla FC, y el proceso seguido por parte del Departamento de Salud en cuanto a la adquirió de un helicóptero, incluyendo los criterios y parámetros que justificaron dicha transacción.
“La manera irresponsable y altamente cuestionable en que la pasada administración manejó las finanzas del país es algo que el pueblo de Puerto Rico tiene que conocer, de forma que no solo se fijen responsabilidades, sino se tomen las medidas correctivas que eviten su repetición. Solo así comenzaremos a restaurar la credibilidad de nuestro gobierno ante el pueblo y ante los mercados de inversión”, dijo Navarro.
Por su parte Banchs, entrante presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativistas de la Cámara de Representantes indicó que ya dicha comisión ha comenzado el proceso de recopilar información sobre algunas transacciones realizadas en la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), incluyendo la “supuesta compra de activos tóxicos para intentar solventar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a costa de la posible quiebra de muchas pequeñas cooperativas de ahorro y crédito”.
“Nuestra Comisión ha comenzado a recibir el insumo de varias personas sobre las repercusiones de la compra, por parte de COSSEC en septiembre pasado, de alrededor de 400 millones de dólares en bonos chatarra del gobierno. En esencia, esta transacción trasfirió el riesgo tomado por las cooperativas que comprende el Grupo 25 a COSSEC, cuya función primordial es velar por la salud fiscal de todas las cooperativas. Con esta transacción, COSSEC compró algún tiempo a la pasada administración para que pague la deuda que tiene con estas cooperativas la cual se agudizó debido al impago del 2015 y del de julio de 2015. Esos impagos causaron pérdidas reales en todas las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico que superan los 500 millones de dólares. El Gobierno le debe casi 90 millones de dólares a las cooperativas”, expuso Banchs Alemán.
Según expuso, de los datos oficiales del 2015, las cooperativas en Puerto Rico tenían un total de 954,531 socios en libro. Estos socios tienen unos 8,651 millones de dólares en activos, así como un total de 4,588 dólares en préstamos corrientes. Mencionó que de acuerdo a varios estimados, las cooperativas de ahorro y crédito tienen sobre 1,100 millones de dólares en bonos del gobierno, la gran mayoría de estos, sobre 700 millones de dólares, son emisiones generadas por el BGF.
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Además, el representante por el Distrito 24 de Ponce anunció que investigará también el supuesto pago, por parte de COSSEC de la matrícula de los estudios de maestría al expresidente Ejecutivo, Daniel Rodríguez Collazo, en el 2014, al igual que el gasto excesivo de 227,200 dólares durante un lujoso agasajo realizado en el Grand Melía Resort de Rio Grande en el 2013, entre otras cosas.
Por otra parte, el próximo presidente de la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística, radicó, junto a Navarro, una resolución para investigar el patrocinio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) al Club de Futbol de Sevilla. El equipo español informó el pasado mes de octubre de que alcanzó “un satisfactorio acuerdo de patrocinio por el cuál la CTPR se convirtió en el patrocinador principal del Sevilla FC”.
“Esta medida busca investigar la razón por la cual la exdirectora de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera, llegó acuerdo de auspicio para el Club de Sevilla, en momentos donde el gobierno no tiene ni tan siquiera dinero para pagarle los reintegros a los contribuyentes y cuál fue la participación del cabildero -mediador- José Alfredo Hernández Mayoral en todo este asunto”, dijo Alonso, quien ganó un escaño por Acumulación en las pasadas elecciones.
Sostuvo que, supuestamente existen una serie de correos electrónicos se intercambiaron Hernández Mayoral -antiguo senador por el Partido Popular Democrático- y funcionarios del CTPR en los que se dan detalles del cierre del acuerdo. Alonso indicó que “en esos correos electrónicos se aportan pormenores sobre la hipotética intervención de Hernández Mayoral en el cierre del acuerdo, que rondaría los 7.5 millones de dólares”.
Los legisladores recalcaron que el proceso investigativo que realizarán las diferentes comisiones será uno de total transparencia.
