Ciudadanos de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración (COAI) se expresaron indignados por la Orden Ejecutiva 2017-003 del gobernador Ricardo Roselló Nevares, que declara una emergencia de infraestructura del país. La misma exime vía “fast track” de evaluaciones adecuadas a proyectos con impactos significativos ambientales de cumplir con los requisitos que pretenden proteger la salud ciudadana.
“Aprovechando el estado de shock económico del País, el gobierno entrante sigue los mismos exactos pasos que el ex abogado de Energy Answers, Luis Fortuño. La Orden de Roselló hasta expande el alcance de la de Fortuño, pues alcanza toda la infraestructura, no sólo la de energía”, expresó la coordinadora de la COAI, Myrna Conty en declaraciones escritas.
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“Con esta órden, Roselló regresa a los días donde se aprobaron irresponsablemente proyectos como la infame Vía Verde, que forró de billetes verdes los bolsillos de amigos de Fortuño. ¿Recuerdan? También, por aquella engañosa orden ejecutiva aún estamos luchando contra la disparatada megaincineradora de Arecibo, que fué aprobada en tiempo record en el 2010”.
“A la COAI nos ha costado mucho tiempo y empeño el demostrar porqué la megaincineradora es un mal negocio para nuestra isla. Su impacto ambiental, que no se mencionó en el 2010, incluiría 500 toneladas diarias de cenizas tóxicas que vendrían a complicar aún más el problema de las cenizas de la carbonera de Guayama. Se obvió el impacto en la salud de los viejitos, embarazadas y niños por las emisiones de tóxicos al aire. Se omitió la contaminación con plomo del área de Cambalache, que en los últimos meses se incluyó en el programa de Superfondo de la EPA, destinado a remediar áreas muy contaminadas,” continuó Conty. “Económicamente, sólo es un buen negocio para los buitres de Energy Answers y sus asesores pues nos costaría más de mil millones de dólares por los próximos 50 años, empeorando nuestra crisis económica y esclavizándonos a esta compañía. Y solo produciría unos pocos empleos y menos de 1% de capacidad de energía del País. Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes se han expresado en contra de este descabellado proyecto por el efecto negativo en sus economías”.
“El pasado 7 de diciembre, en las vistas de transición, le solicitamos una reunión al Dr. Roselló para exponerle toda esta información. Nosotros y nuestros expertos estabamos disponibles de inmediato. Sin embargo, sin reunirse con nosotros emite esta sorpresiva órden. Esto no promueve transparencia”, sostuvo la coordinadora.
