El municipio de Carolina se convirtió en el primer ayuntamiento en ser adiestrado sobre el robo de cobre, como parte de la campaña contra el hurto de metales que comenzó el Departamento de Justicia y la empresa proveedora de servicios de telefonía e internet Claro Puerto Rico, informó el alcalde José Carlos Aponte.
El fiscal Jorge Carrión, de la Fiscalía de San Juan, y el gerente de Seguridad de Claro, Arodis Suazo, fueron los encargados de ofrecer el taller.
Como parte de su ponencia, el fiscal Carrión ofreció a los uniformados datos históricos y económicos acerca de la demanda mundial del cobre y cómo la venta de este metal reciclado se ha convertido en un negocio sumamente lucrativo en Puerto Rico.
Asimismo, abundó en el alcance de la Ley 105, del 8 de agosto de 2007, la cual enmendó a su vez la Ley 41, del 3 de junio de 1982.
El estatuto tipifica como delito las distintas modalidades de apropiación ilegal de ciertos mentales, incluido el cobre.
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El gerente de Seguridad de Claro habló sobre los altos costos que representa para la empresa el robo de cobre en toda su infraestructura externa.
Mencionó que, entre 2010 y 2016, Claro invirtió unos 32.3 millones en reposición de cables, considerando que tan solo en 2016 han ocurrido 274 incidentes de robo de cobre y que para esta misma fecha se han visto afectados sobre 100,000 clientes a nivel Isla.
“Nuestros agentes de la Policía Municipal fueron adiestrados sobre las leyes aplicables en los casos de hurto de metales, los requisitos con los que deben cumplir los centros de acopio, los modos de proceder, los elementos necesarios para radicar los casos, y las penalidades a las que se exponen las personas que sean sorprendidas realizando estos actos ilegales”, explicó Aponte.
Agregó “el robo de cobre no es tan solo un delito que se ha convertido en un negocio lucrativo, sino que conlleva un sinnúmero de consecuencias que afectan a toda la ciudadanía, pues se alteran los servicios de telefonía residencial, telefonía móvil, internet, el alumbrado en las calles y carreteras, y hasta el servicio de agua potable y energía eléctrica, entre otros, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.