Gobernador no esperó por investigación para indultar publicista

La JLBP habría revelado que un día hace poco el publicista Edgardo Paler Cruz solicitó el perdón, y a la semana siguiente ya se le había otorgado, sin recibir el insumo de la JLBP.

Por Inter News Services
Foto: Dennis A. Jones / Archivo
Gobernador no esperó por investigación para indultar publicista

Por: Obed Betancourt

 

La lucha contra la criminalidad tendría en el propio gobierno a un obstáculo, al tener un manejo inadecuado de sus recursos.

 

Así se desprende del resumen que hiciera Ramón Rosario, secretario de política pública y asuntos públicos del gobierno entrante, y Alfonzo Orona, asesor legal del gobernador electo, sobre las vistas de transición en el día de hoy.

 

Los problemas que confronta el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para manejar la evidencia que les llega no sería el único obstáculo que enfrenta el proceso de justicia, sino que el equivocado manejo del dinero del pueblo en varias agencias, entre ellas las de seguridad, no permiten el uso eficiente para luchar contra el mayor azote del país.

 

“La Policía hace su trabajo, investiga identifica a las personas, fiscalía acusa, lleva un procedimiento de una asesino y el caso se cae, no porque es inocente, sino porque Ciencias Forenses no cumple con las pruebas requeridas”, aseguró Rosario, quien es abogado criminalista, y vio la ineficiencia en esa agencia un obstáculo en la lucha contra la criminalidad.

 

Señaló que el ICF perdió la acreditación de su división de Patología, que se logró en la pasada administración, sino que tiene 30 empleados más, gastan $2 millones más en nómina y los informes del ICF han bajado en cuanto a cantidades por año, al punto de que su licencia de patología se perdería en el 2017.

 

Ya han surgido en las vistas de transición diversos problemas en el Departamento de Justicia, que le llevó a decir a la nominada secretaria Vázquez, que hay desmoralización entre los fiscales. Mientras, la Policía está en sindicatura federal.

 

Por otro lado, Rosario señaló que el secretario de Justicia César Miranda le reconoció que no se siente ofendido por el fuerte careo al que ha sido sometido en estas vistas, contrario a lo señalado por el gobernador Alejandro García Padilla.

 

Sin embargo, el próximo funcionario de Fortaleza reclamó que Miranda explique si, además de la senadora Mari Tere González, vinculada con la red de funcionarios de gobierno y el empresario Anaudi Hernández, investiga otras personas y funcionarios que han sido asociados a la figura del empresario, aunque no han sido acusadas de delito.

 

Rosario dijo que estas personas “no han sido tocadas ni con una vara larga”.

 

“Nos ha dicho que no puede dar detalles de las investigaciones contra personas como Eder Ortiz, Carmen Yulín Cruz, Irving Faccio, el doctor Roberto Jiménez, Luis Gerardo García Padilla. No pudieron dar ningún detalle de qué pasaba con estas personas en relación con las investigación de justicia, a pesar de que se han investigado otras personas”, por los testimonios surgidos en el juicio federal contra 11 funcionarios y empresarios que componía la red de corrupción.

 

“La doble vara llama a preocupación”, dijo Rosario.

 

Por otro lado, Miranda también habría admitido un déficit en nómina y en los pagos a los centros de salud 330 por $15 millones. Este pago fue asumido por el DJ luego de una sentencia federal contra el Departamento de Salud. Sin embargo, al DJ solo le quedan $300,000 para cumplir con los pagos, que se vencen en enero.

 

El DJ no recibe directamente, en este cuatrienio, fondos federales por tener una prohibición, que se había zanjado durante la administración anterior.

 

En cuanto a otra agencia de seguridad, la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) sostuvo en la vista de hoy, según Rosario, que en “esta administración cesó la política pública de los gobiernos anteriores, que para otorgar indultos se creaban criterios y se le pedía a la JLBP que fuera a la comunidad e hiciera un análisis del solicitante y determinara si estaba rehabilitado.

 

El caso en cuestión se refiere al publicista que recibió hace unas semanas el perdón ejecutivo luego de arrollar a padre e hijo mientras conducía borracho. Los procesos penales le permitieron al publicista no cumplir un día de cárcel, hasta que recibió el indulto.

 

La JLBP habría revelado que un día hace poco el publicista Edgardo Paler Cruz solicitó el perdón, y a la semana siguiente ya se le había otorgado, sin recibir el insumo de la JLBP. El publicista es primo de Roberto Prats Palerm, máximo dirigente del Partido Demócrata local y exsenador del PPD.

 

La JLBP, destacó Rosario, reiteró que solo ellos podían determinar si el convicto estaba rehabilitado, y no el gobernador, quien dijo que el indultado ya estaba rehabilitado. E inclusive son los únicos que podían determinar si cualificaba para un indulto, pero no fueron consultados.

 

Orona, por su parte, criticó la política de pre-retiro, en el que el gobierno paga hasta el 60% de salario de los que se van de gobierno hasta la fecha en que estos cualifican para el retiro.

 

El problema, sostuvo Orona, es que luego que se van, el gobierno abre convocatorias para esas mismas plazas, lo que significa que ahora el costo en nómina es mayor para las agencias. Entre estas agencias criticó al Cuerpo de Bomberos, que precualificó a 100 bomberos, pero hace ese mismo número de convocatorias. Orona dijo que muchos de estos debieron ser transferidos a ejercer funciones necesarias y para los que no hay personal ni más dinero para llenarlas, como son los que revisan las solicitudes de certificaciones de Bomberos, que puede tardar meses o hasta años en otorgarse.

 

Este caso de pre-retiro y la vuelta a llenar las plazas también ocurre en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

 

Para Rosario y Orona resultó inexplicable que el titular de la agencia no sepa a estas alturas qué buscaban las autoridades federales cuando allanaron hace un año sus instalaciones centrales y la misma oficina del Secretario, y ni siquiera sabe dónde está la orden de allanamiento (subpoena) ni qué se llevaron.

 

Einar Ramos tampoco supo decir si esa agencia recibió servicios del hoy convicto Anaudi Hernández.

 

Por otro lado, Rosario denunció que el DCR “está en vías” de comprometer $24.5 millones en el BGF para cumplir con el caso Morales Feliciano, con el único problema de que dichos fondos no existen. Eso, dijo, compromete a la próxima administración a buscarlos fuera de esa agencia.

 

También habría admitido Ramos que tiene cinco drones comprados hace un año que no han podido ser utilizados porque no tenían, hasta hace cuatro días, un reglamento que regulara el uso, como exige la ley.

 

Además, tampoco sabe dónde están los informes que requiere la ley 151 de 2014 con la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. “Lleva cinco meses buscándolos”, dijo Rosario.

 

La ineficiencia en el manejo de dinero y recursos en estas agencias de seguridad no aportan a establecer una mejor lucha contra el crimen, indicó Rosario.

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