La determinación sobre cómo aplicaría la Ley de Minorías luego de las elecciones generales del pasado noviembre sería un gran reto para las autoridades en su análisis, pues no existe un precedente.
La controversia se centra en la petición del Partido Popular Democrático (PPD) para que se excluyan de la consideración de la Ley de Minorías al senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, y al senador independiente José A. Vargas Vidot, para que así queden dos escaños en la Casa de las Leyes para el PPD.
Los candidatos al Senado Ángel Rodríguez, Ramón Ruiz y Juan Pablo Hernández llevaron su análisis de la Ley de Minorías a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para validar la solicitud de exclusión de la representación del PIP, cuyo partido no quedó inscrito, y del puesto de Vargas Vidot, por no representar un partido.
Ruiz en su carta a la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, expuso como argumento que en los pasados comicios obtuvo 82,998 votos, que representan 22.60 % del total de sufragios emitidos para la candidatura al Senado por el Distrito de Ponce y el número mayor entre los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) a esa posición.
Por su parte, el comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha también llevó a la CEE el planteamiento.
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No obstante, según el exsenador Eudaldo Báez Galib, donde estaría la controversia del asunto es en cómo se analizaría al PIP, pues al momento de la elección estaba inscrito y, luego de los comicios, perdió su inscripción como partido, pero logró un escaño en cada una de las Cámaras legislativas.
“Nunca antes había estado ante si la definición de si el PIP no queda inscrito, si se le puede incluir bajo el concepto de partido de minoría. Mientras, por otro lado, está Vargas Vidot, que entra como independiente ”, dijo Báez Galib. Señaló que Vargas Vidot no tendría problemas, pues definitivamente no se le aplica el cálculo de la Ley de Minorías.
“Donde puede haber controversia es en torno al PIP, porque comienza la campaña registrado y va a al día de las elecciones tal y como está inscrito en la Ley Electoral. Al llegar los resultados, no queda inscrito, pero sus legisladores entran. El tribunal tendrá que decidir en qué momento el partido dejó de ser partido de minoría”, explicó.
Además, el también abogado consideró que el “panorama es complicado, pues no hay precedente”, mientras que indicó que, en todo caso, habría que recurrir a los debates de la convención constituyente.
Sin embargo, una opinión más práctica la esbozó el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge Dávila, quien catalogó la acción del PPD como una a conveniencia y que no responde al ejercicio democrático.
“El espíritu de lo que aparece en la Constitución es que un partido de mayoría no tenga un poder absoluto y, obviamente, lo que pretende es diluir en un porciento la mayoría que tiene un partido”, opinó.
“El espíritu no es darle poder a un partido de minoría, sino diluir el poder absoluto que pueda tener un partido de mayoría. No es darle una mayoría a una minoría cuando los votantes ejercieron su derecho en contra del Partido Popular”, detalló Dávila, quien reconoció la situación como “novel”.
También Dávila señaló que los escaños adicionales que buscan los candidatos de la Pava serían para ocupar unos puestos para los que no fueron elegidos. El excomisionado no dudó que este pleito sea llevado ante el Tribunal Supremo para que resuelva la controversia.
Ahora la presidenta de la CEE tendrá que emitir su decisión ante las opiniones encontradas de los comisionados electorales sobre el asunto.