Una sentencia emitida el pasado viernes por el Tribunal de Apelaciones determinó la paralización del programa de inspección de furgones en los muelles debido a que el reglamento de la Autoridad de los Puertos (AP) venció en julio de 2014 y no fue renovado conforme a la ley.
“El programa de inspección y cobro de furgones comenzó en el 2009 a un costo anual aproximado de 20 millones de dólares, por lo que hasta el momento ha costado sobre 100 millones de dólares, precisamente en el momento de mayor crisis económica de la Isla”, aseveró Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA en declaraciones escritas.
“Luego de 6 años y 100 millones de dólares se ha podido demostrar que el sistema no es efectivo. En contraste vemos como todas las semanas ocurren incautaciones en los aeropuertos, en los ferries de Vieques y Culebra, y hasta en lanchas privadas”, agregó.
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Según Reyes Alfonso, el Tribunal ordenó a la AP que cese y desista de inmediato la ejecución del reglamento, lo que por el momento paraliza el proceso inspección y el cobro de los cargos que esto conlleva. Además, la determinación judicial podría obligar al gobierno a devolver los sobre 40 millones de dólares cobrados durante ese período.
El empresario mencionó que la decisión del Tribunal surge a consecuencia de la impugnación por parte de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) de las acciones de la AP, cuando el pasado 6 de septiembre intentó aprobar una extensión del reglamento vencido hace más de dos años y hacerlo de manera retroactiva, contrario a lo dictaminado por la ley.
“Lo que ha objetado el sector privado desde el inicio es que se cobre por ello, lo que el gobierno federal no hace, o que se intente inspeccionar innecesariamente el 100 por ciento de los furgones, utilizando un método inefectivo que en seis años no ha detectado prácticamente nada. Pero en esta ocasión lo que se planteó al tribunal es que continuaron cobrando a pesar de habérseles notificado que el reglamento estaba vencido desde el 2014”, alegó.
