En lo que se puede considerar una movida paralela, tanto la Administración del Gobernador, Alejandro García Padilla, así como La Junta de Control Fiscal (JCF), solicitaron al tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, que detengan de una vez por todas, los litigios de bonistas.
De paso, el grupo de inversionistas intenta dejar sin efecto, algunas provisiones de la Ley PROMESA a esos efectos.
Ante la consideración del juez federal Francisco Augusto Besosa, la JCF mantuvo su enfoque de no permitir, que procedan los pleitos judiciales en contra del Gobierno de Puerto Rico.
“La Junta de Control Fisxal necesita tiempo para enfocarse en las tareas que le son requeridas por PROMESA -negociar y certificar planes fiscales para reestructurar la deuda aplastante del gobierno y para asegurar el gobierno regrese a los mercados de capital”, reza uno de los recursos presentados por los abogados Michael Luskin y Stephan Hornung, de la firma Luskin, Stern & Eisler, con sede en Nueva York.
Según reportes de prensa, la JCFpidió intervenir en el litigio incoado por Lex Claims, Jacana Holdings y pidió intervenir en la demanda incoada por Altair Global y varios fondos mutuos de Puerto Rico, en su mayoría, gestionados por UBS Financial Services y Popular Securities.