“Como paracaídas”. Así fue descrita por un funcionario de la Universidad de Puerto Rico (UPR) la forma en que el doctor Enrique Santiago, pasó de ser un auxiliar de investigaciones en la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR, a decano de Asuntos Académicos de la Escuela y director del Programa CRECE-21, función por las que cobró compensaciones mensuales de $3,300, aún luego de culminado el proyecto en el RCM.
Santiago fue uno de los recaudadores principales del Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el pasado cuatrienio y Comisionado de Barrio de la colectividad, bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño.
El hecho de que se le asignara a Santiago la responsabilidad de dirigir el Programa desde la Escuela de Medicina Dental mientras Miguel Muñoz fungía como presidente de la UPR bajo la pasada administración gubernamental, generó suspicacia desde sus inicios.
“El proyecto CRECE-21 arrancó grandemente en Ciencias Médicas, que es algo que no hace sentido porque estábamos entrenando maestros en inglés, español, matemáticas y ciencias a nivel escolar K-12”, expresó en entrevista con Metro un funcionario de la UPR que no quiso ser identificado. Ciencias Médicas no tiene facultad de Educación como otros recintos.
Durante el mismo periodo, a Santiago se le otorgó en 2011 una plaza a tiempo completo como profesor en la Escuela de Medicina Dental, a pesar de que a partir de 2010 ya habían sido impuestas medidas de austeridad en la UPR que no permitían crear plazas nuevas de docentes. El doctor ya no sólo contaba con su sueldo como profesor a tiempo completo en el RCM y su compensación como decano, sino que también recibía una compensación mensual de $3,300 por coordinar CRECE-21.
En octubre de 2011 el programa pasó al mando de la entonces rectora de la UPR en Utuado, la doctora Yanaira Vázquez Cruz –quien en principio fuera ayudante especial del expresidente de la UPR, Miguel Muñoz– y los trabajos se trasladaron a dicha unidad bajo la modalidad de cursos en línea. Sin embargo, de acuerdo a una investigación interna realizada por el RCM, tanto el doctor Santiago como otros funcionarios y empleados del Recinto, continuaron cobrando su compensación hasta el 30 de junio de 2012. Durante dicho periodo en el que CRECE-21 ya no estaba bajo su mando en el RCM, Santiago cobró alegadamente la suma de $34,515.
A tales efectos, el RCM inició luego de que culminara la investigación interna en diciembre de 2013, un proceso de acción de cobro interno, que incluyó descontarle del sueldo el dinero que varios funcionarios recibieron durante ese periodo por CRECE-21, a pesar de que en el RCM ya no se estaba trabajando con el programa. La acción de cobro no se pudo llevar a cabo con tres de los funcionarios, porque para la fecha ya no laboraban en el RCM: el doctor Enrique Santiago, quien renunció a su puesto como profesor luego de que Fortuño perdiera las elecciones de 2012; el licenciado Raúl Bandas, abogado del recinto en aquel entonces; y el profesor Fernando Haddock, quien renunció más tarde por razones personales.
“Esta gente –mucha gente–, siguieron cobrando el diferencial hasta junio 30 del 2012. O sea, como ya estaba el documento del diferencial hecho, ninguno de ellos, excepto una, pidió que no se le siguiera pagando el diferencial”, explicó el funcionario de la UPR.
Contra Santiago, el RCM entabló una demanda en el Tribunal Superior de San Juan, a fines de recuperar la suma de $34,515, dinero del que alegadamente se apropió de forma ilícita. En el mismo Tribunal, se entabló una demanda a los mismos fines contra Haddock, por la cantidad de $12, 068.18, mientras a Bandas se demandó en el Tribunal Municipal de Trujillo Alto, por el total de $6,818.18.
“Ciencias Médicas tuvo un rol protagónico y la información que tenemos es que hay otras rondas de acusaciones que vienen después, pero eso es algo que quien realmente lo puede decir es el Departamento de Justicia”, indicó una persona al tanto de la investigación. La cooperación del RCM con las autoridades ha sido continua desde el 2013.
Unos 263 cargos en total fueron radicados ayer contra tres exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y otras 6 personas, por malversación de fondos públicos y fraude, como parte de un esquema de corrupción con fondos del Programa CRECE-21, creado para certificar a maestros del sistema público.
Entre los imputados está Juan Varona Echeandía, exrector de la UPR-Cayey y actual coordinador del plan estratégico para la UPR del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló. Varona enfrenta 12 cargos.
Por su parte, Juan Ramírez Silva, exrector de la UPR-Arecibo y actual profesor en esa unidad, enfrenta 16 cargos, mientras que la doctora Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR-Utuado y exayudante especial del expresidente de la UPR Miguel Muñoz mientras sucedieron los alegados hechos tendrá que responder por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 54 cargos. Los tres exrectores suman 82 cargos.
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