Costará millones la consultoría para JCF

La contratación de firmas de consultoría estratégica y asesoría legal externa por parte de la Junta de Control Fiscal federal, que supervisa las finanzas de Puerto Rico, podría tener un costo de entre $40 millones y $60 millones por cada contrato en periodo de tres o cuatro años.

Así lo explicó a Metro el licenciado John Mudd, abogado federal. Dicho número está contemplado dentro del estimado de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) del Congreso de Estados Unidos sobre los costos de la Junta, que podría ascender, de acuerdo con el estudio, a $370 millones en un periodo de 10 años. Sin embargo, la proyección podría quedarse corta.

“El costo puede ser muy por encima de los $370 millones que la OMB estimó”, aseguró Mudd.

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La Junta de Control Fiscal, que ya seleccionó a la firma de relaciones públicas Forculus Strategic Communications, de Francisco Javier Cimadevilla, funcionario a cargo de las comunicaciones durante la administración de Luis Fortuño, publicó el pasado jueves en la noche dos convocatorias para contratación de consultoría estratégica y asesoría legal externa.

Respecto a la consultoría estratégica, Mudd dijo que “obviamente no va a ser de Puerto Rico” y añadió que la firma podría venir de Estados Unidos o alguna multinacional con sucursal en dicho país, interesada en el caso de Puerto Rico.

En cuanto a las firmas de abogados, la convocatoria establece que los aspirantes deben, entre otras cosas, tener concentración en la práctica de casos de insolvencia económica, que no es otra cosa que la incapacidad para hacer frente a un gasto o para pagar una deuda, lo que podría ser una señal de que entre los planes de la Junta se encuentra someter a quiebra a una o varias de las dependencias gubernamentales, lo que podría a la larga elevar los $370 millones estimados, dado que cada parte del Gobierno que se someta a quiebra podría necesitar su propio equipo de defensa.

El título III de PROMESA establece un proceso de ajuste de deudas único para Puerto Rico bajo el cual la Junta de Control Fiscal puede iniciar un trámite legal de quiebras. Se trata de un procedimiento que mezcla las disposiciones del capítulo 9 y las del capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

Dado que el capítulo 9 nunca ha tenido función en Puerto Rico, no hay suficientes abogados en la isla expertos en litigios de ese tipo, por lo que, si bien Mudd prevé que habrá contrataciones de firmas locales que puedan interpretar para la Junta las leyes de Puerto Rico y todo lo que tenga que ver con contratos que se rigen por el derecho civil, también se necesitarán firmas de abogados expertas en quiebra federal.

“Puedes tener una o más firmas que tengan que ver con reestructuración solamente desde el punto de vista del capítulo 9 o firmas que se dedican a reestructuración sin quiebras”, añadió Mudd, quien tiene experiencia en derecho corporativo, laboral y quiebras.

Jones Day, por ejemplo, fue la firma que representó a Detroit en su quiebra por un costo de $50 millones, indicó el licenciado. La firma, sin embargo, no estaría bajo la consideración de la Junta, dado que ya representa a un grupo de bonistas en Puerto Rico.

También habría un efecto de “bonanza” para los abogados expertos en distintos tipos de quiebra en Puerto Rico y hasta de fuera de Puerto Rico, según explicó Mudd.

“Para darte un ejemplo, si a la la Autoridad de Energía Eléctrica le aplican el título III, entonces la unión, los retirados, diferentes grupos de bonistas, los suplidores, todos tienen que buscarse su propio abogado”, indicó Mudd.